Saltillo, Coah., 12 de abril.

El gobierno de Estados Unidos expulsa cada año a cerca de 50 mil mexicanos –que radicaban en ese país como indocumentados– por los cruces fronterizos de Piedras Negras y Acuña, municipios de esta entidad que necesitan apoyos extraordinarios para atender problemas elementales de los deportados, como alimentación, ropa, un sitio para dormir y atención médica, señaló Federico Garza Ramos, jefe de la unidad de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno.

Son personas que tienen los mismos derechos que cualquier otro mexicano y por eso hay una obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno para darles atención, dijo en entrevista. Agregó que El flujo migratorio se ha incrementado y actualmente 50 mil migrantes al año entran por estas fronteras de Coahuila; esto ocasiona un problema de capacidades, pues se trata de ciudades pequeñas.

Los deportados tienen necesidades de empleo, salud y alimentación que de manera conjunta se resuelven entre el gobierno del estado, el federal y los ayuntamientos, en albergues y comedores comunitarios.

Muchos de ellos deciden establecerse en la frontera y eso ocasiona problemas adicionales para los gobiernos locales, como la disposición de servicios públicos básicos, dijo. Puso como ejemplo el caso de una comunidad de veracruzanos que desde hace más de una década se asentó en Acuña.

Por otro lado, se realizan los preparativos en esta ciudad para efectuar el primer foro internacional sobre derechos humanos de los migrantes, los días 12 y 13 de mayo, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.