Los 16 juzgados federales especializados en materia administrativa que están habilitados en el Distrito Federal trabajan a marchas forzadas desde hace tres meses para resolver cuatro temas claves de la reforma fiscal aprobada este año, la cual fue impugnada por la vía de amparo por unas 7 mil personas físicas y morales, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

Hasta el momento, ninguno de los 16 juzgados se ha pronunciado sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguno de esos cuatro aspectos de la reforma fiscal, cuyos temas son: tasas de ISR para personas físicas, limitación de las deducciones para el pago de dicho impuesto, eliminación de la tasa preferencial de 11 por ciento del IVA en la región fronteriza, y supresión del régimen fiscal de pequeños contribuyentes.

‘‘Ninguno de los jueces federales en materia administrativa ha emitido sentencia de primera instancia. Estamos hablando de unos 7 mil juicios, tramitados por personas morales o físicas, mediante amparos individuales y/o colectivos. Por ahora vamos a esperar que transcurra la Semana Santa para que comiencen a darse las primeras sentencias y saber el futuro de la reforma fiscal’’, dijo un funcionario del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quien solicitó el anonimato.

El funcionario consultado refirió que a fin de no violentar el principio de justicia pronta y expedita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya solicitó a los jueces de distrito que aceleren el proceso para resolver esos recursos.

‘‘Por economía procesal, en obvio de trámites y para mayor celeridad, los recursos de revisión interpuestos o que se interpongan contra sentencias dictadas en amparo indirecto, en los que subsista el problema de constitucionalidad del decreto de referencia, específicamente de los preceptos aludidos, deberán remitirse directamente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación’’, indica uno de los acuerdos publicados esta semana por la SCJN que deberán acatar los jueces de distrito.

Los cuatro aspectos cuestionados de la reforma constitucional en materia fiscal también se discuten en dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores que el pleno de la Corte deberá resolver.

El pasado 27 de marzo, la procuradora para la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, dijo que las cerca de 7 mil demandas tramitadas contra la reforma fiscal son pocas dada la magnitud de la reforma hacendaria. ‘‘Es una cifra pequeña; recuerden que contra el IETU hubo 35 mil amparos; 7 mil no son tan significativos’’, afirmó en entrevista previa al Foro Mujeres 2014. Bernal explicó que los amparos son pocos, pues falta la aplicación de algunas disposiciones de la reforma que podrían generar más actos de amparo.

Esa instancia presentó una demanda de amparo en favor de unos contribuyentes que. por ser socios de una cooperativa para ahorrar. no pudieron entrar al régimen de incorporación fiscal.

Por su parte, Javier Laynez, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, comentó que la reforma hacendaria generó la mayor cantidad de amparos en el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, que peleaban principalmente las nuevas disposiciones tributarias.

La mayor cantidad de amparos recibidos, mil 878 actos, van en contra de los nuevos artículos 25 al 28 del Código Fiscal Federal, que habla de las deducciones y sus requisitos, seguido de mil 554 quejosos que pelean la pérdida de la deducibilidad de ingresos exentos para los trabajadores.