El gobierno federal y los estatales de Morelos y Puebla; el Poder Judicial de Puebla, las comisiones estatales de Derechos Humanos de esos dos estados y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) violan los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y comunidades que se oponen a la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Lo anterior los obliga a acudir a instancias internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), para defender su vida e integridad física, sobre todo de tres detenidos en Puebla, afirmaron hoy representantes de organizaciones sociales regionales y nacionales.

El PIM implica la construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto, proyecto que abarca 80 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala 60 de los cuales están en la ruta de peligro de erupción por el volcán Popocatépetl. Las comunidades recuerdan que en San Juanico la explosión de gas arrasó con todo a un kilómetro del epicentro de la explosión de gas, indicaron.

Verónica Munier, de la Red Nacional de Resistencia Civil; Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Miriam Vargas y Samantha César, del Frente por la Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala; Carlos Beas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni); Francisco Jiménez, del Frente Indígena Campesino de México y Omar Esparza, de Maíz, plantearon esto en rueda de prensa en la que demandaron la liberación de los presos, el cese de la escalada de represión y criminalización de la protesta, así como la renuncia del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle.

Informaron que en las últimas dos semanas se ha agudizado el proceso de persecución, hostigamiento y represión por el gobierno federal y los estatales de Puebla y Morelos, este último encabezado por Graco Ramírez, con el resultado de que en Puebla fueron detenidos los defensores Enedina Rosas, Juan Carlos Flores, Abraham Cordero y Avelino Velázquez, en tanto que hay rumores de que en el gobierno estatal hay otras 250 órdenes de aprehensión.

Ataques sin precedentes a pueblos

Hay agresiones sin precedente contra pueblos enteros, la mayoría indígenas, y todo para imponer un megaproyecto que aun las mismas autoridades consideran peligroso. Está en México el titular de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y es cínico que el gobierno mexicano diga que ha mejorado el respeto a los derechos humanos, afirmó Beas.

A Flores y Rosas les dictaron el lunes formal prisión. Al primero acusado de delito contra la infraestructura hidráulica, motín, despojo y extorsión, por lo que podría alcanzar hasta 32 años de prisión, indicó Lara Duque, quien subrayó que esas acusaciones se derivan de hechos ocurridos el 3 de abril de 2012, durante una protesta en la cual, según varios testigos, no participó Flores Solís. A Rosas la acusan de obstrucción de la justicia y robo agravado, lo que imposibilita que alcance salir con fianza, informó.

Los informantes mencionaron que el 13 de abril un grupo de seis habitantes de Amilcingo, Morelos, fueron reprimidos con violencia, incluso con disparos y gases lacrimógenos mientras hacían un rondín de guardia en su territorio y encarcelados, pues se oponen al paso del gasoducto. Cinco fueron liberados el día 14 al mediodía y hasta las 10 de la noche el ayudante municipal Aarón Rosales, quien sufrió fractura en una mano y una lesión en la columna vertebral que le dificulta caminar.

Por otra parte 21 ex presos políticos como Alberto Patishtan e Ignacio del Valle, intelectuales y artistas como monseñor Raúl Vera y una veintena de organizaciones sociales, en carta a Peña Nieto exigieron la libertad de los detenidos en Puebla, subrayando que con este proyecto sólo se beneficiará a las empresas transnacionales involucradas y sus cómplices en los gobiernos federal y estatal.