El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, responsable del albergue Hermanos en el Camino, en Ciudad Ixtepec, encabezó en Oaxaca una marcha con periodistas del diario El Imparcial del Istmo, en el municipio de Ixtaltepec, para exigir a la autoridad municipal respetar la libertad de expresión.

La protesta se originó porque el lunes pasado el voceador de esa empresa, Froylán Rueda Meléndez, salió en motocicleta a vender sus ejemplares pero fue detenido por policías municipales, que le dijeron que debía presentarse en la alcaldía. Al llegar, el secretario municipal le exigió no vender más ejemplares, debido a que el diario publicó información no grata para el alcalde Rubén Antonio Altamirano.

La acción molestó a los comunicadores, que marcharon por las principales calles acompañados del voceador Froylán Rueda, Solalinde, integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ciudadanos que protestaron por la censura del alcalde de Ixtaltepec.

Solalinde Guerra detalló que no es posible que en pleno siglo XXI, autoridades gubernamentales no respeten la libre expresión, y comentó: hermanos todos, esta acción que realizaron funcionarios municipales no fue la correcta, la reprobamos, pues no es posible que autoridades trunquen la libertad de expresión, que aún no se respete la voz de los periodistas, puntualizó.

Se espera que el miércoles el alcalde Antonio Altamirano reciba a los periodistas y al sacerdote Solalinde, para abordar la situación de los comunicadores.

Amenazan a periodista en Colima

En Colima, el periodista Óscar Adrián Galindo Luna envió una queja ante la CNDH, porque, asegura, recibió amenazas de personal la Procuraduría General de la República por una nota relacionada con el caso Zacualpan, publicada el 21 de febrero.

La queja fue interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero fue turnada a la CNDH por ser de competencia federal. El afectado detalló que el viernes 11 de abril su compañero Nelson Aldape Martínez, coordinador de publicidad del portal Periodismo, recibió una llamada desde un teléfono de la Policía Federal Ministerial donde le pidieron el nombre, domicilio y teléfono del autor de la nota mencionada y le pidieron presentarse a declarar. Cuando se les respondió que hicieran la solicitud por escrito, respondieron que conocían el domicilio del periodista.

La publicación se refiere a la agresión de dos funcionarios de la Procuraduría Agraria –entre ellos el hijo de la titular de la dependencia, María Elena Díaz Rivera–, contra dos activistas de la organización ecologista Bios Iguana. Ahora se sabe que también fue amenazado el abogado de esa organización, Johnatan Ochoa.