l gobierno mexicano escogió el 10 de abril, fecha del asesinato del general Emiliano Zapata, para advertir que en los actuales tiempos neoliberales la demanda de tierra y libertad ya no tiene cabida. Ese día, el gobernador de Jalisco informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha decidido mantener la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros, y no a 80, como le ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desacatando la sentencia del máximo tribunal mexicano y mostrando su poco interés por el estado de derecho, cuando de defender los intereses de los empresarios se trata. Como era de esperarse, los afectados reviraron de inmediato denunciando la ilegalidad de las acciones gubernamentales y manifestado su determinación de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que haga valer su resolución, y en caso necesario acudir a los organismos internacionales para defender sus derechos. La cerrazón gubernamental en lugar de resolver el problema lo redimensiona y catapulta a instancias internacionales.
El anterior es sólo un ejemplo de las maneras en que se está despojando a los campesinos y pueblos indígenas de las tierras que se ganaron en la Revolución Mexicana y el Estado les entregó por medio de la reforma agraria. La expropiación y la imposición de las restricciones necesarias para mantener el sentido social de su uso y aprovechamiento, tan importantes cuando los gobiernos todavía se ocupaban de generar condiciones para el desarrollo de los mexicanos, se están usando ahora para despojarlos de sus recursos naturales y entregarlos a los intereses del capital extranjero. No sólo es la construcción de represas sino también la instalación de gasoductos y generadores de energía eólica, la construcción de carreteras o la concesión de los recursos mineros, forestales e hídricos; o la implementación de los servicios ambientales. Todos estos proyectos llevan implícita la pérdida del control de los pueblos sobre sus territorios y recursos naturales. Por eso hablan de despojo.
Este tipo de políticas traen aparejada la represión contra los opositores. Desde hace meses los integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio vienen sufriendo agresiones, que se agravaron este mes de abril. El primer día del mes la Policía Comunitaria General Charis, de la comunidad binnizá Gui’xhi’ Ro’-Álvaro Obregón, fue atacada con piedras, resultando herido en la nuca uno de sus integrantes; el 9 de abril dispararon desde una camioneta de la policía municipal contra Moisés Jiménez, y el 13 Nibardo Toledo Vicente fue atacado, resultando con varias heridas en el cuerpo. El 10 de abril se estuvo hostigando a Carmen Ruiz, que el año pasado había sido amenazada para que abandonara la lucha. Todo por la defensa de su territorio y su gobierno autónomo.
Donde con más saña se ha dado la represión en este mes de abril es en el estado de Puebla, contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, por oponerse al gasoducto Morelos que, de realizarse, cruzará las faldas del volcán Popocatépetl, afectando varias decenas de comunidades. El día 6 de abril fue detenida la señora Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, por su oposición al gasoducto; al día siguiente el detenido fue Juan Carlos Flores Solís, cuando salía de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, adonde había acudido a presentar una queja por la detención de su compañera de lucha. Otro de los afectados es el doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés, catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla, quien junto con su familia ha sido amenazado por su apoyo a los opositores al gasoducto. La situación puede empeorar, pues se habla de la existencia de 250 órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, listas pare ejecutarse.
Hay otros lugares que resisten el despojo. Uno de ellos es San Francisco Xochicuautla, estado de México, en territorio del pueblo ñätho-otomí, donde todavía existe uno de los últimos bosques del Altiplano Central mexicano que permite proveer de agua al pozo Tlaloc-1, que alimenta de agua a la ciudad de México. Todo esto puede terminar por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a lo que los pueblos se oponen. Otro espacio de resistencia es el ejido El Carrizalillo, en el estado de Guerrero, que enfoca sus esfuerzos en conseguir mejores precios por el arrendamiento de sus tierras a la minera GoldCorp; un tercero es el pueblo cucapá en el norte del país que reclama su derecho a la pesca, vedado por el gobierno federal; y un último el pueblo rarámuri, en el estado de Chihuahua, librando importantes batallas en defensa del territorio y los recursos naturales. Estas luchas demuestran que contrariamente al discurso oficial, entre los pueblos campesinos e indígenas de México el grito de tierra y libertad, que distinguió a los zapatistas a principios del siglo XX, sigue resonando en los valles y montañas mexicanos. Redimensionado y todo, para ellos sigue siendo vigente.
