La Isla del Rey, en San Blas, Nayarit, donde nacieron los wixárikas y desde la cual cada año inician sus peregrinaciones hasta llegar al Cerro del Amanecer, en la sierra de Catorce, en el semidesierto de San Luis Potosí, para recrear el nacimiento del Sol, como hicieron sus antepasados hace miles de años de acuerdo con la cosmogonía de este pueblo, será convertida en zona de condominios y embarcaderos particulares.

Dicho desarrollo, en torno al cual se mantiene total hermetismo, es impulsado por las empresas Desarrollos Turísticos Isla del Rey y Desarrollos Turísticos Haramara, propiedad, según trascendió, del ex presidente municipal de San Blas Hilario Ramírez Villanueva. También pondrá en peligro a la Waxiewe o Tatei Haramara (diosa del mar, como la nombran los wixaritari, o también Chejvimu’uta, como la llaman los náyeri o coras).

Una gran roca blanca solitaria en el mar está frente a la isla. En la punta está colocada una imagen de la Virgen de Guadalupe, considerada en la cosmogonía del pueblo wixárika, primer objeto sólido del cosmos.

Este sitio sagrado para coras, tepehuanos y mexicaneros ha estado en la mira de quienes no ven en las costas sino riqueza económica, acorralada por las autoridades y disputada hasta por la llamada comunidad indígena Nueva Villa de San Blas, cuyos integrantes no son indígenas, pero se les concedieron 3 mil 137 hectáreas, pese a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) precisó que la fundación de la Villa de San Blas fue en 1767. Por eso, el uso inmemorial de la Isla del Rey corresponde única y exclusivamente al pueblo huichol, como asentó el instituto en el oficio 401.B (4) 68-353 del 22 de diciembre de 2010.

Pese a ello, en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indios, autoridades estatales y federales entregaron a través de escrituras pequeñas porciones de la superficie de dicha isla a la Unión Wixárika de los Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, constituida a instancias de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas –organismo creado en el gobierno de Vicente Fox–, las cuales presuntamente avalan y reconocen sus sitios sagrados en la citada isla nayarita. El 8 de agosto de 2012, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda entregó escrituras por 8.3 hectáreas, pero no se precisó qué centros ceremoniales protege. El año pasado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó los documentos que cubren 3.5 hectáreas del centro ceremonial Cerro del Vigía a esa misma agrupación, que no representa a los pueblos originarios y dejó fuera los sitios sagrados, Waxiewe y Samainuri. Todo es una irregularidad, sostiene el abogado y presidente del Grupo Ecológico Manglar, Manuel Rebolledo Antúnez.

En entrevista, muestra algunos de los documentos con los que la agrupación y autoridades del pueblo wixárika (o huichol) de Nayarit lo demuestran, y explica que hace 40 años el faro de la Isla del Rey estaba a unos cuantos metros del litoral. Ahora está prácticamente en medio de ella debido a las tierras ganadas al mar, concesionadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey (680 mil 971 metros cuadrados) y a Desarrollos Turísticos Aramara (393 mil 122 metros cuadrados), cuando dichas tierras deben ser reconocidas para los pueblos originarios.

Además, ante la falta de pago y la presentación por las citadas empresas turísticas, el municipio de San Blas solicitó la revocación de esas concesiones. El proceso legal está en camino; sin embargo, ante los próximos comicios, Hilario Ramírez –famoso porque a su toma de protesta en 2008 llegó en un caballo pura sangre de 250 mil dólares, según sus propias palabras, y porque repartió entre la multitud un bono de 100 mil pesos–, difunde la versión de que el gobierno quiere quitarle las dos concesiones turísticas que son de bienestar para la gente.

Salvaguardar los sitios sagrados en la Isla del Rey ha llevado a wixárikas, coras, tepehuanos y mexicaneros a exigir al gobierno que el área natural protegida abarque la liberada por las concesiones turísticas y que se les consulte, como determina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en torno a los proyectos que se pretenda desarrollar. Demandan su derecho a depositar ofrendas y a rendir culto a las deidades del mar.