a denuncia que un grupo de diputados locales del PRI y el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, José Luis López Salgado –de filiación perredista y colaborador de Cuauhtémoc Cárdenas en sus campañas presidenciales–, presen- taron ante la procuraduría estatal para que La Jornada Michoacán revele sus fuentes informativas –en este caso las que filtraron que al menos 11 legisladores locales están siendo investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en su actuación como funcionarios públicos–, deja ver, por un lado, la preocupación que hay entre algunos integrantes de la clase política michoacana por las pesquisas en curso que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de la detención del ex secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, y por otro lado, el deseo siempre a flor de piel que existe entre los políticos de presionar a los medios de comunicación, amedrentarlos y jugar al inquisidor.

La primera de sus preocupaciones es entendible, máxime por las declaraciones que en su oportunidad han hecho el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes; el procurador Jesús Murillo Karam y el presidente Enrique Peña Nieto de que la acción de la PGR en Michoacán va a fondo, que se hará una limpia total y que no se detendrán por cuestiones partidistas. Allá los diputados o cualquier otro funcionario si tienen cola que les pisen, ese es asunto de ellos, y sus preocupaciones deberían expresarlas ante la autoridad que investigan el caso.

De lo segundo, La Jornada Michoacán en particular y el grupo La Jornada en general puntualizan desde ahora que no revelarán sus fuentes informativas, que su ejercicio periodístico se basa en el profesionalismo y seriedad que esta actividad exige, que sabemos distinguir perfectamente bien entre lo que es la libertad de expresión y la bufonería, siempre rechazada por La Jornada, como repudiamos los intentos de amenaza, presión y chantaje de que pretenden valerse los diputados michoacanos del PRI.