La seguridad en las instalaciones privadas que en territorio nacional sean autorizadas para operar los servicios de producción y distribución de energía eléctrica, así como los de extracción de hidrocarburos como resultado de la recientemente promulgada reforma energética, son algunos de los temas soslayados por el gobierno federal y los legisladores del Congreso en la discusión de las leyes secundarias, aseguró Victoria Livia Unzueta Reyes, especialista en temas de seguridad nacional y asesora parlamentaria.

En entrevista con este diario, advirtió sobre el peligro de la presencia de compañías militares privadas –catalogadas por la Organización de Naciones Unidas como mercenarias– compitiendo con el crimen organizado y con el Estado en el monopolio del ejercicio de la violencia.

Unzueta Reyes alertó que podríamos regresar a los tiempos de las guardias blancas, represoras y delincuentes, al servicio de las grandes compañías petroleras que tanto daño hicieron al país.

Estimó que los consorcios de seguridad privada militarizada que podrían, por cercanía y capacitación, resguardar estas instalaciones son empresas estadunidense que han surgido de la reducción del ejército de ese país, como subcontratistas de las tareas de seguridad mundial. Han actuado en guerras como las de Irak y Afganistán.

“Es más, existe información relativa a que la empresa estadunidense SY Coleman ya brinda estos servicios a Pemex, a partir de julio de 2007, cuando se le encomendó la creación y operación de un centro de vigilancia aérea para monitorear instalaciones estratégicas, incluyendo las energéticas, según información de la propia compañía de seguridad”.

Recordó que la seguridad institucional de las instalaciones de Pemex se ha visto comprometida en diversas ocasiones. Desde las explosiones ocurridas en la Torre de Pemex el 31 de enero de 2013, hasta la ordeña de ductos para el robo de combustibles.

La situación que en materia de seguridad enfrenta la paraestatal y la situación que deberán enfrentar las empresas privadas que entren a competir en el sector se puede ejemplificar así: el robo de hidrocarburos, entre 2000 y 2005 se mantuvo focalizado en 80 municipios; sin embargo, a partir de 2006 –primero de la gestión de Felipe Calderón– se extendió hasta 233 municipios, principalmente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila y México, entidades que concentran los mayores índices de violencia generada por el crimen organizado.