El primero deberá reportar su uso
Serán para profesionalizar y equipar a policías
Martes 22 de abril de 2014, p. 42
Los gobiernos de la ciudad de México y federal destinarán 612 millones 652 mil 22 pesos para tareas de seguridad pública, de los cuales 490 millones 121 mil 617 provendrán del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).
Los dos niveles de gobierno firmaron un convenio de coordinación el pasado 17 de febrero, en el que se establece que los recursos serán administrados por las autoridades capitalinas, que deberán presentar informes mensuales a la Secretaría de Gobernación sobre su uso.
El documento fue publicado ayer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y está signado por el titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Monte Alejandro Rubido García, y el titular del Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Señala que los dineros podrán ser utilizados para la profesionalización, equipamiento de los cuerpos policiacos, establecimiento de bases de datos criminalísticos, así como la construcción y mejoramiento de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, entre otros.
El convenio precisa que la Secretaría de Finanzas capitalina deberá crear dos cuentas bancarias específicas productivas, una para la administración de los recursos del FASP y otra para la aportación del Gobierno del Distrito Federal, que es de 122 millones 530 mil 405 pesos.
Además, la misma dependencia deberá informar mensualmente a Gobernación, por conducto del secretariado del SNSP, de los movimientos en las cuentas bancarias, así como mensual y trimestralmente el ejercicio de los recursos y su destino. Dichos informes deberán ser publicados en la página de la Secretaría de Finanzas.
Por otra parte, también en la Gaceta Oficial se publicó un aviso en el que se amplía por cuarta vez la suspensión de permisos para la construcción de proyectos inmobiliarios en el perímetro de la colonia Granada, decretada desde agosto de 2013, hasta el mes junio, con el argumento de que en dicho polígono confluyen diversos aspectos urbanísticos, sociales, económicos, ambientales y de movilidad, que requieren un análisis exhaustivo.