El gobierno federal prepara el Reglamento de la Ley General de Víctimas, en el cual se fijan los mecanismos para reparar el daño a los afectados por el delito. La preparación de esta norma acumula un atraso de nueve meses, porque la ley en referencia entró en vigor el 10 de enero de 2013 y uno de los transitorios ordenaba la expedición del reglamento a más tardar a los seis meses posteriores, es decir, en julio del año pasado.

El proyecto del reglamento, actualmente en la última fase de revisión en el Ejecutivo, incluye la creación de comités especializados para evaluar los casos; señala la forma en que se deberá integrar y procesar el registro de víctimas, así como los pormenores de la operación de fideicomisos, única vía para reparar el daño.

La posibilidad de que el Estado compense a los afectados por la violencia es una de las máximas de la ley en la materia, ya sea para quien sea víctima de un delito grave (para los deudos en caso de un desenlace fatal). También tendrían beneficios quienes hayan sido encarcelados injustamente.

Sin embargo, los apoyos a los que alude la ley (y que detallará el reglamento en ciernes) no existen aún, según denuncian familiares consultados.

A los investigadores (de la Procuraduría General de la República) no les dan ni viáticos; sus jefes les dicen que pongan el dinero y luego se los rembolsan, siempre y cuando presenten facturas, pero si andan en un pueblo, ¿cómo lo habrán de comprobar? Desde ahí empieza el problema; leyes van y vienen y nosotros seguimos solos, dijo Julia Alonso Carbajal, madre de Julio Alberto López Alonso, joven desaparecido en enero de 2008.

Ella, al igual que otros familiares, hace sus propias indagatorias para recabar pistas que luego llevan a los agentes de la PGR, integrantes de la unidad especial para desaparecidos, aunque hay otros que por falta de recursos o golpeados por la propia delincuencia no tienen esa posibilidad y, en cambio, tienen que callar o huir. Tampoco ha habido pagos para viudas o huérfanos.

Alonso Carbajal se ha entrevistado con los tres recientes secretarios de Gobernación (Francisco Blake, Alejandro Poiré y Miguel Ángel Osorio Chong), pero hasta el momento no hay un avance sustancial para dilucidar qué pasó con su hijo. Ya hay incluso una recompensa para quien brinde informes de ello, pero no hay una difusión de esa posibilidad y, por tanto, no sirve de nada la oferta.

Todo esto es una burla cruel para las familias. Hay una comisión ejecutiva de atención a víctimas, pero no está listo el reglamento y, cuando ello ocurra, las leyes tendrán que ser homologadas en los estados, lamentó.

El reglamento de la Ley General de Víctimas detalla las facultades de la Comisión Ejecutiva y el Sistema nacional que analizará los casos y determina las características de la ayuda, tanto la inmediata como la de mediano y largo plazos. Cuando la víctima considere que no ha recibido el trato y apoyos adecuados, podrá interponer un recurso de reconsideración.

En el texto preliminar se indica que el fideicomiso debe servir para brindar ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas de delitos del orden federal. La víctima debe presentar su solicitud y la comisión ejecutiva determinará la procedencia de los pagos con cargo al fondo, siempre y cuando cumpla con los requisitos.