Tampico, Tamps., 23 de abril.

El Gremio Unido de Alijadores (GUA), cooperativa que agrupa a 350 estibadores de este puerto, está en riesgo de desaparecer, pues adeuda 52 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 32 millones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 34 millones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Además, dos grupos se disputan judicialmente la titularidad de la organización.

Por esa falta de solvencia, desde hace tres meses la Administración Portuaria Integral (API) le retiró la operación de dos terminales de las 11 con que cuenta el puerto de Tampico y para recuperarlas le impuso un ultimátum, que venció la medianoche de este miércoles, para que demuestre que saneó sus finanzas, pagó sus adeudos fiscales, tiene equipo y maquinaria para operar, que sus agremiados gozan de prestaciones laborales y puede invertir 1.1 millones de pesos anuales en mantenimiento.

El puerto de Tampico mueve generalmente acero, madera, minerales a granel y fluidos no petroleros. En el primer trimestre de este año pasaron por aquí un millón 859 mil 637 toneladas de carga.

Las pugnas internas del GUA se dirimen en las salas judiciales. Su líder, José Cedillo –con quien la API acordó el convenio que vence al final de este día– interpuso una demanda contra el grupo de socios liderados por Magdaleno Pérez Juárez, presidente del consejo de vigilancia. Este último responsabiliza a Cedillo y su consejo de administración de olvidarse de sus compromisos con Hacienda y las instancias de seguridad social.

Desde hace cuatro años los socios –septuagenarios en su mayoría– buscan la intervención del estado para que se designe jurídicamente quién representará al GUA.

A don Aurelio Salvador Flores, del área de carga-descarga, su memoria apenas le permite recordar algunos nombres; “por lo menos unos 10 ya se fueron, uno de ellos es… Juan Guerrero”, dice después de que alguien lo auxilia.

Fundado en 1911 por Samuel Alvino Kelly, el GUA fue por décadas un grupo de poder en el sur de Tamaulipas. En sus mejores años no solamente hacía operaciones de estiba en el puerto; en los años 30 construyó el antiguo Hospital Civil, el Sanatorio Alijadores y su propio estadio de beisbol de la Liga Mexicana triple A.

Generó entonces unos 7 mil empleos directos y trajo consigo modernización y crecimiento. Sus socios llegaron a ser 800.

Antonio Rodríguez González, de la corriente opositora a la de José Cedillo, recuerda aquel 1985 cuando les otorgaron la concesión de abrir y administrar el puerto de Altamira. Tuvieron que batallar con los ejidatarios, molestos por el daño a sus parcelas, para sacar adelante la chamba.

El cronista de Tampico, Marco Antonio Flores Torres, señaló que el problema de los alijadores es que no pudieron convertir la cooperativa en una empresa, cuando la política neoliberal impulsada por Carlos Salinas empezó a desmantelar, vía fiscal, esta forma de organización. Ahora Enrique Peña parece darles una oportunidad, todo está en que puedan cumplir las nuevas obligaciones.

Alfonso de los Reyes Villarreal, historiador, comentó que el GUA tuvo cuatro hombres que lo marcaron: Isauro Alfaro Otero, Francisco Martínez, Gerardo Gómez Castillo y Ramón Martínez del Ángel. Castillo, quien permaneció al mando 30 años, lo consolidó de tal manera que consiguió ser presidente municipal de Tampico (1978-1980) y diputado federal (1984-86). Le heredo el cargo a su sobrino Ramón Martínez del Ángel, quien administró la debacle.