a caravana de migrantes centroamericanos que llegó el miércoles a esta capital se entrevistó ayer con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, quienes les ofrecieron un oficio de salida con vigencia de 30 días para que determinen si regresan a sus países de origen o toman otra ruta. Debe recordarse que el referido grupo, que recorrió la ruta hostil que siguen millones de migrantes indocumentados que se internan año con año en el país, formuló la víspera demandas diversas a las autoridades mexicanas, empezando por una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto y libertad para poder transitar por el país.

Ayer mismo, en forma significativa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó, al presentar su Informe Anual 2013, que en México sigue existiendo gran cantidad de retos para prevenir, erradicar y castigar los abusos contra diversos grupos vulnerables, en particular los migrantes indocumentados. Como botón de muestra de esa situación, el Instituto Nacional de Migración anunció ayer el rescate de 44 personas de origen guatemalteco, que habían sido plagiadas por un presunto grupo delincuencial dedicado al tráfico de personas, secuestro y extorsión en México, Guatemala y Estados Unidos.

Los elementos referidos obligan a recordar el desamparo, la indefensión jurídica, institucional y hasta social en que se encuentran los ciudadanos extranjeros que transitan por territorio nacional sin contar con los documentos migratorios correspondientes, condición que no está estipulada como delito grave en las leyes vigentes, sino apenas como una falta administrativa, y que no debería ser criminalizada.

Pese a ello, los derechos humanos de los centroamericanos indocumentados en México se ven sistemáticamente violentados por acciones u omisiones de las propias autoridades, por agresiones perpetradas por grupos delictivos y por las relaciones de complicidad que se han establecido entre unas y otros. Carentes de protección, sujetos a extorsiones y atropellos por parte de malos servidores públicos; al secuestro, la agresión física y la muerte por bandas criminales, y a accidentes ferroviarios y de tránsito, los centroamericanos que se internan a México sin documentos migratorios constituyen un indicador contundente del descontrol en nuestro país, en la medida en que el apego del Estado a las leyes y a las consideraciones humanitarias más elementales debiera verse reflejado, precisamente, en el trato que se otorga a los grupos más indefensos del conglomerado humano que reside en el territorio nacional o transita por él, entre los cuales los migrantes indocumentados tienen un lugar destacado.

En tales circunstancias, sería deseable que la llegada de contingentes como el que arribó esta semana a la capital fuera capaz de generar la empatía y la solidaridad de la sociedad y, mucho más importante, que diera lugar a un compromiso serio de las autoridades del más alto nivel para con los derechos de esos grupos. Es claro que esto último no se logrará mediante el otorgamiento de salvoconductos que son, a fin de cuentas, meros paliativos, sino mediante una política de Estado que empiece por la depuración de las instituciones encargadas de atender los flujos migratorios en el país y de las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno; que ponga fin a la criminalización de este sector particularmente vulnerable, y brinde apoyo sostenido a las contadas organizaciones sociales que los ayudan.