Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó ayer una reforma que acota el fuero militar para que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan violaciones de derechos humanos contra civiles sean juzgados por tribunales ordinarios.

Con 106 votos a favor se aprobó la reforma al Código de Justicia Militar que se había pospuesto desde el sexenio pasado, por la oposición de los altos mandos del Ejército y la Marina.

El 27 de febrero de este año altos funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina asistieron a los foros sobre justicia militar convocados por el Senado y aunque expresaron su postura en favor de reformar el fuero militar se manifestaron contra su desaparición.

El dictamen aprobado en el Senado señala que los militares acusados de violar derechos humanos y delitos contra civiles, que resulten responsables y sean condenados, purgarán sus penas en prisiones militares, si lo solicitan, y serán juzgados por jueces especializados.

Precisa que cuando un civil esté implicado en un delito cometido por militares en ningún caso se le juzgará en la justicia militar, siempre será en la jurisdicción civil.

Nuevas figuras

Con la reforma se incluye en la justicia civil la figura de jueces de ejecución de sentencias; se aclaran las atribuciones de los defensores adscritos a los tribunales militares y se incluye la base de derechos humanos en el Sistema Penitenciario Militar.

Además, se excluye de la jurisdicción militar a los menores de edad que participan en las fuerzas armadas para que, en términos del artículo 18 constitucional, conozca (los casos) el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Otra innovación de la reforma es la actualización de la terminología. Se modifica la denominación policía judicial ministeral por policía ministerial militar; se destaca la diferencia entre la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, en lugar de Secretaría de Guerra y Marina, y se sustituye pena corporal por pena privativa de la libertad.

El dictamen fue aprobado por la mañana en comisiones unidas, y luego se llevó al pleno para su discusión y votación.

Al presentar el dictamen, los senadores Roberto Gil, Alejandro Encinas, Angélica de la Peña, Fernando Yunes y Graciela Ortiz destacaron que con la reforma México da cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que demandaron cambiar el fuero militar.

El panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, quien coordinó los trabajos de comisiones, aseveró en tribuna que (la reforma) es un avance sustancial en la protección de los derechos humanos y en el reconocimiento de la universalidad de esos derechos y de la jurisdicción plena que tiene el sistema interamericano de derechos humanos en el país.

Sostuvo que se hará plenamente vigente el derecho de acceso a la justicia a los civiles víctimas de elementos de las fuerzas armadas.

El perredista Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, mannifestó que subsiste el fuero de guerra para delitos y fallas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. En la actualidad las violaciones a derechos humanos contra civiles son juzgadas por la justicia castrense, violando la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y contraviniendo el artículo 13 de la Carta Magna.

Dijo que se trata de un avance, pero faltan otros pasos. He insistido en que el Ejército y la Armada de México dejen de cumplir funciones policiales que corresponden a la autoridad civil. Espero que pronto regrese el Ejército a sus cuarteles.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, se refirió al caso de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido por militares en un retén en Atoyac, Guerrero, e ingresado a instalaciones castrenses, y éste es el último dato que existe sobre su paradero.

Transcurridos 35 años, el caso llegó a la CIDH y ésta resolvió en 2009 que existían suficientes elementos para considerar que el señor Radilla Pacheco perdió la vida a manos de miembros del Ejército Mexicano y determinó que los actos delictivos cometidos por militares en activo deberán ser juzgados por tribunales ordinarios.

La senadora priísta Areli Gómez dijo que con la reforma se hace justicia a Rosendo Radilla, a las indígenas Inés y Valentina, violadas por militares, y a los ecologistas presos Rodolfo y Teodoro, detenidos arbitrariamente y tortutados.

La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la aprobación de la reforma al Código de Justicia Militar en el Senado y pidió que ésta siga su curso en la Cámara de Diputados.