rente a la realidad violenta y las constantes injusticias que viven las juventudes en México, es importante generar marcos legales e institucionales que les garanticen plenamente sus derechos humanos, con mecanismos de justiciabilidad y accesibilidad. Desafortunadamente, en el Distrito Federal nos enfrentamos a una de las acciones legislativas que atentan contra los derechos de la población joven que habita y transita en la ciudad, pues de nueva cuenta se está frenando la consolidación de la Ley de los Derechos Humanos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.

A partir de 2009, diversas organizaciones civiles de derechos humanos y de juventudes, entre ellas Ririki Intervención Social, Cauce Ciudadano, Incide Social y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC, en conjunto con la diputada Aleida Alavez, quien era integrante de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se dieron a la tarea de elaborar una iniciativa que derogara la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, que fue de vanguardia en 1999, pero que terminó siendo una ley enunciativa. Por tanto, no responde a la realidad que demandan las personas jóvenes, quienes significan más de la tercera parte de la población de la capital.

En este proceso, durante 2011 y 2012 se fueron integrando diversas organizaciones que actualmente se encuentran participando, como AJUV1121 y Altépetl AC, entre otras, así como instancias gubernamentales que, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Mecanismo de Evaluación y Seguimiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (MSyEPDHDF), trabajaron y se articularon para continuar con la construcción de una ley que tendría por objetivo respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las juventudes en el DF.

En dicho proceso se tuvieron en cuenta diversos acontecimientos y documentos recientes que fundamentan el espíritu de la nueva ley, como la entrada en vigor en 2008 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, único instrumento en el mundo que reconoce a las y los jóvenes como sujetos plenos de derecho; el Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud 2009-2015; la Declaración de Guanajuato, resultado de la Conferencia Mundial de Juventud, celebrada en México en 2009; la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y la línea de acción número 1663 del Programa de Derechos Humanos del DF (PDHDF), referente a la armonización de los marcos normativos de juventud, a cargo de la ALDF y el Instituto de la Juventud.

La iniciativa de ley construida en un principio reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los sexuales y reproductivos de las personas jóvenes. Plantea también el derecho a la participación y los mecanismos para que éste sea efectivo. Uno de ellos es la creación de un consejo que integre de manera autónoma a jóvenes y colectivos juveniles, y funcione como mecanismo de participación activa en la toma de decisiones que afecten a las juventudes de la ciudad, las cuales repercuten en el diseño de políticas públicas y programas sociales. También se consideran mecanismos de exigibilidad de derechos, como la creación de una defensoría, cuya tarea sería coadyuvar con las instancias gubernamentales correspondientes en la prevención, investigación, castigo y reparación del daño de violaciones a los derechos humanos de las personas jóvenes. El impacto en lo local de esta ley se vería reflejado en la implementación de mecanismos de atención a la población joven en cada una de las delegaciones del DF, que en anteriores ocasiones han expresado estar dispuestas a aceptar e implementar dicha ley.

Por otra parte, la iniciativa propone generar información estadística confiable y precisa sobre la población joven de la ciudad, ya que se ha demostrado que no existen datos desagregados para el impulso de políticas públicas integrales, como se evidenció en la elaboración del Diagnóstico de Derechos Humanos del DF, el cual dio origen al PDHDF. Desafortunadamente, en la anterior legislatura, la iniciativa quedó rezagada, y no se tuvo más remedio que esperar a la actual, que entró en funciones en 2012. Durante la VI legislatura de la ALDF han intervenido en la elaboración de este documento las comisiones de Derechos Humanos, de Juventud y Deporte y la de Administración Pública, pero la aprobación de esta ley ha significado un proceso difícil, especialmente por la falta de voluntad política de los legisladores a cargo de esta última y del propio Gobierno del Distrito Federal, quienes colocando siempre severas reservas a varios de los puntos que la ley contiene, han prolongado e incluso postergado la dictaminación de la propuesta.

Ante el llamado de organizaciones civiles, el MSyEPDHDF y la CDHDF, en las pasadas semanas el proceso se suspendió por el serio recorte a lo sustantivo de la ley, comenzando por el título, ya que los legisladores determinaron llamarla simplemente Ley de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, eliminando el elemento de derechos humanos.

La Comisión de Administración Pública es la que se ha mostrado renuente a aceptar la parte de mecanismos de participación y defensa para jóvenes, al considerarlos erróneamente estructura sobre estructura o, dicho en otras palabras, que realizarían la misma labor que tiene ya el consejo consultivo del Injuve, que tiene serias carencias, y ya se había discutido desde 2011, como quedó implícito en la propuesta de ley que presentaron las organizaciones. De llegar a ser aprobada con las reservas y recortes que está colocando la ALDF, sin los mecanismos de participación, de exigibilidad y justiciabilidad, no se estaría cumpliendo ni con lo que han construido las organizaciones civiles con diversas instancias ni con las líneas de acción del PDHDF. Y lo más evidente y preocupante es que se siguen agudizando las violaciones a derechos humanos de las personas jóvenes, retrocediendo con ello más de 20 años en la historia de los derechos humanos lograda en esta ciudad.