Aunque hace un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ilegal la operación del acueducto Independencia, en Sonora, y ordenó al gobierno federal consultar a la tribu yaqui al respecto, la sentencia también deja abierta la posibilidad de que la obra siga funcionando aunque los indígenas se opongan.

Así lo advirtieron académicos y especialistas participantes en el foro A un año de la sentencia de la tribu yaqui: lucha legal por el derecho al consentimiento previo, libre e informado frente al acueducto Independencia, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodrigo Gutiérrez, académico del IIJ, explicó que aunque el fallo del máximo tribunal del país con base en el cual otorgó amparo a las comunidades yaquis tiene algunos aspectos positivos, también señala que la operación de la obra no depende del consentimiento de los indígenas.

“La Corte dice que hay una diferencia entre el derecho a la consulta y el de dar su consentimiento por este medio, de tal forma que bastaría con hacer la consulta y luego dar autorización al acueducto. Pensando mal, diríamos que la SCJN está preparando el terreno para que, cuando la tribu diga ‘no’, esa negativa no sea de cumplimiento obligatorio”, alertó.

Además, dijo, cuando el gobierno de Sonora recibió el fallo de la SCJN que obligaba al gobierno federal a suspender la operación del acueducto presentó una controversia constitucional, cuyo resultado, fue que la Corte determinó que la obra podía seguir funcionando –aunque su permiso de construcción fuera nulo– mientras se realiza la consulta a los yaquis, decisión extravagante y esquizofrénica.

Sumado a lo anterior, la Corte dejó en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la facultad de decidir si el daño por el trasvase de millones de metros cúbicos de agua del río Yaqui al río Sonora es irreparable, cuando fue esa instancia la que autorizó la manifestación de impacto ambiental del proyecto.

Rodrigo González, especialista del Instituto Tecnológico de Sonora, subrayó que en vez de extraer más agua de la región yaqui, las autoridades estatales tendrían que pensar estrategias para reducir el consumo, y afirmó que el gobierno ni siquiera tiene datos sobre la disponibilidad real del líquido que llega al acueducto.

Andrea Cerami, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, lamentó que las autoridades sigan aplicando tácticas dilatorias para no cumplir la sentencia de la SCJN ni sancionar a los responsables de su inejecución. Destacó que el daño para los yaquis es irreparable, pues ni siquiera hay forma de saber cuánta agua les han quitado.

Edmundo del Pozo, miembro del Centro de Análisis e Investigación Fundar, indicó que la misión civil de observación del conflicto documentó que la consulta iniciada por la Semarnat no cumple los requisitos mínimos para considerarla previa, libre, informada y de buena fe, por lo que podría convertirse en un simple trámite para validar el acueducto.