El Observatorio Eclesial (OE) criticó la actitud que tomó el Vaticano esta semana en su comparecencia ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura.

Gabriela Juárez Palacios, secretaria ejecutiva del OE, lamentó que la sede papal se escude en que sólo tiene competencia sobre los ciudadanos de su Estado, y consideró que el hecho de que la Iglesia haya suspendido o expulsado en la última década a 848 sacerdotes por abusos sexuales es algo prácticamente simbólico.

Ignacio Cuevas, integrante del organismo eclesial y catedrático de la Universidad Iberoamericana, precisó que el Vaticano ha abusado de su calidad de Estado para eludir responsabilidades en torno a sus sacerdotes alrededor del mundo, y que tal como lo plantea la ONU, el abuso sexual cometido contra niños puede ser una clase de tortura.

Una representación papal compareció por primera vez ante dicho comité el lunes y martes pasados, como parte de la auscultación periódica a los estados que ratificaron la Convención Internacional contra la Tortura, a la cual el Vaticano se sumó en 2002; se espera que el próximo día 23 dicho comité de la ONU dé sus respuestas sobre la comparecencia.

En entrevista, Cuevas comentó que la Iglesia católica tiene un estatus único en el mundo al tener un territorio: el Vaticano; se ha aprovechado de esa condición y ahora, al rendir cuentas como Estado ante la ONU, elude esa responsabilidad, al tiempo que ha aprovechado el hecho de que sus sacerdotes estén en muchos países, y cuando ha habido problemas los cambia de nación para eludir la justicia”.

Sobre los 848 curas sancionados, Juárez comentó que el Vaticano debería dar detalles sobre lo ocurrido con esos religiosos, como informar de qué países, diócesis e incluso de qué parroquias eran, y precisar si sólo los expulsaron de las filas del clero o si los entregaron a la justicia.

En entrevista otorgada la semana pasada, Eugenio Lira Rugarcía, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), señaló que la Iglesia católica ha hecho todo lo posible por sancionar y prevenir la pederastia clerical, y dijo no tener los conocimientos técnicos ni jurídicos para opinar sobre si es posible equipar la tortura con la pederastia.

La pederastia es un crimen, por lo que cuando hay una denuncia creíble se inicia un proceso eclesiástico y se pide a los padres de la víctima o a ésta que acudan ante las autoridades civiles competentes. La Iglesia sigue su proceso, pero eso no exime que se siga uno en el ámbito civil. Es un derecho de las víctimas denunciar, y si es hallado culpable (el cura) se le separa del estado clerical. En materia preventiva estamos trabajando en la formación de los futuros sacerdotes desde selección de candidatos. Con apoyo de equipos de sicólogos se hacen estudios a los que van a entrar para elegir a los candidatos idóneos y en los años de formación se tiene cuidado en esos aspectos.