Para evitar que el país deje de recibir inversiones en el sector minero por el impacto de las modificaciones al régimen fiscal, el gobierno federal incrementó los apoyos a la minería en el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018.

La reforma fiscal que entró en vigor el primero de enero pasado incluyó un nuevo impuesto de 7.5 por ciento sobre las utilidades operativas de las empresas mineras, más 0.5 por ciento para metales preciosos, como el oro y la plata.

En el acuerdo, publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el país se compromete a mejorar aspectos como el grado de afectación que experimenta la actividad minera por problemas sociales, los retrasos en la recepción de los permisos debido a problemas burocráticos y el grado de corrupción, entre otros.

El objetivo es que México mejore su calificación en la lista elaborada por la empresa Behre Dolbear sobre condiciones para atraer inversión minera.

La meta de incrementar la calificación de 43.1 en 2013 a 45.0 en 2018 tiene como objetivo mantener el posicionamiento competitivo de México para la atracción de inversión al sector minero, tanto a nivel mundial como en América Latina, considerando el impacto que tendrán las modificaciones al régimen fiscal en la evaluación de las condiciones que ofrece nuestro país.

Los créditos directos a proyectos productivos pasarán de 318 a 825 millones de pesos y tendrán como sujetos prioritarios de atención a los productores de mineral, a las empresas que proporcionan servicios a la industria minera y a los consumidores primarios de mineral.

También se aumenta el financiamiento al sector derivado de los programas federales en materia de garantías para la disminución del riesgo de intermediarios financieros y acreditados directos y el acceso a mejores tasas y plazos.