l gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero, envió al Congreso del estado una iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad, y todo indica que se aprobará sin mayores problemas.

La propuesta ha concitado el apoyo de grupos femeniles y organizaciones que pugnan por la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo, y una parte de los ciudadanos en general, pero al mismo tiempo el rechazo de grupos conservadores y clericales, como era de esperarse.

Desde luego la iniciativa no plantea promover, como dicen los panistas y antiabortistas, la suspensión del embarazo, sino solamente suprimir el castigo de orden penal que ahora existe y que ha dado origen a gran cantidad de fallecimientos de mujeres, así como a extorsiones y casos grotescos, como en Ayutla, donde una mujer fue apedreada en la plaza pública acusada de haberse practicado un aborto.

En cierto sentido, podría decirse que la medida podría subir los bonos políticos del mandatario, sin embargo el resultado es adverso: de pronto, hasta la gente de izquierda, que comulga con la despenalización, ha guardado silencio ante la iniciativa, no porque la rechacen, sino porque no quieren subirse al tren con un mandatario muy golpeado políticamente.

Tal vez en el fondo se trate de un problema de comunicación del gobierno, que no ha podido encontrar la forma de mostrar a la población las bondades de la propuesta. Ese ha sido un problema recurrente del aguirrismo: su incapacidad para comunicar. La mayor parte de los problemas de Aguirre –Ayotzinapa, el magisterio, los burócratas, por ejemplo–- han tenido origen en fallas de comunicación. Con una dirección de comunicación inerte, y un cuerpo de asesores obstinado en los pleitos internos, no extraña que la imagen del gobernador, aun cuando debería crecer, vaya en picada.

Así ha funcionado: los goles, el aguirrismo los mete en cancha propia. El tema del aborto es un ejemplo claro.