Seis entidades del país concentran más de la mitad de los casinos que operan actualmente. A la cabeza se encuentra Baja California, con 42, equivalentes a 13.8 por ciento de las 304 salas abiertas, registradas ante la Secretaría de Gobernación (SG).

En este recuento no están incluidos los casinos clausurados, con cierre o suspensión temporal, situación en la que se encuentran al menos 74.

Hay otros negocios que operan de manera ilegal y/o clandestina, aunque se desconoce la dimensión de esta cifra.

Después de Baja California, con 42 casinos, le sigue el Distrito Federal, con 34 (11.1 por ciento del total registrado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la SG); Sonora, con 27 (8.8 por ciento); Jalisco, 25 (8.2 por ciento), y Nuevo León y el estado de México con 21 cada uno, equivalentes a 13.81 por ciento del registro para cada entidad.

En el caso del Distrito Federal, donde la mayor parte son salas de apuestas remotas y sorteo de números (nombre oficial de los casinos), la lista es encabezada por la delegación Benito Juárez, con nueve locales; le siguen Miguel Hidalgo, Coyoacán y Cuauhtémoc, con cuatro cada una; Tlalpan, con tres; Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero e Iztapalapa con dos cada una, y Cuajimalpa, Venustiano Carranza y Azcapotzalco con uno.

Por entidades, se encuentran en el nivel de menos de 20: Veracruz (18), Chihuahua (16), Guanajuato (15) y Sinaloa (13).

Con menos de 10 están: Puebla (8), Yucatán (7), Quintana Roo (7), Campeche (6), Baja California Sur (6), Guerrero (6), Colima (4), San Luis Potosí (4), Queréretaro (4), Morelos (3), Durango (3), Hidalgo (3), Aguascalientes (3), Michoacán (2), Tamaulias (2), Nayarit (2), Coahuila (1) y Tabasco (1).

Por porcentaje, están casi libres de estos negocios Coahuila y Tabasco.

Hay entidades que, por decisión de sus gobiernos locales o por recientes suspensiones o clausuras, no tienen casinos: Zacatecas, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.

Los funcionarios y legisladores que preparan una nueva Ley de Juegos y Sorteos destinarán un apartado para tratar de garantizar un mayor orden en esta industria y también para atajar y atender la ludopatía (adicción a los juegos electrónico o de azar).

Negocios cerrados

En cuanto a los cierres, los datos oficiales indican que hay varios establecimientos del emporio Hank Rhon clausurados: Yak, ubicados en Monterrey y en el municipio General Escobedo, en Nuevo León; Play City tiene algunos establecimientos suspendidos hasta el 31 de julio próximo. El permisionario que opera los Play City se llama Apuestas Internacionales y su capital es de Grupo Televisa.

También están en la lista de clausuras y suspensiones algunos del norte y sur del país, como Celebrity Saltillo, Crown Torreón, Casino Central Tuxtla Gutiérrez, Sport and Raicing Ixtapaluca y Foliatti Nuevo León.

Además, Plaza Bingo, Revolución Monterrey, Fantastic Coahuila y tres en Monterrey denominados Caliente; Win y Win en la delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, y el Bingo 777, en Tuxtla Gutiérrez.

Están también con cierres los 26 casinos de Entretenimiento de México (Emex), de Juan José Rojas Cardona, a quien se ha identificado como el Zar de los casinos, aunque otros permisionarios, como Jorge Hank Rhon, con marcada presencia en Baja California, tienen participación en un mayor número de locales.

A consecuencia del cierre de los negocios de Emex, Gobernación ha ordenado cerrar los de los antiguos operadores de Rojas Cardona (Producciones Móviles, con 14, y Exciting Games, con seis).

El negocio de los juegos y sorteos en México está en expansión desde la década pasada, favorecido por las autorizaciones expedidas durante los dos sexenios panistas.

Según la asociación de permisionarios y proveedores de juegos y sorteos, el mercado mexicano de este sector tuvo un manejo en 2012 (antes de pago de impuestos y reparto de premios) de poco más de 56 mil millones de pesos. En ese mismo año, los principales permisionarios reportaron 363 salas, más del doble de las 163 de 2008.

El número de empleos creció 123 por ciento durante ese lapso y pagaron impuestos, derechos y participaciones por casi 3 mil millones de pesos.