El modelo de fiscalía anticorrupción funciona en países de América, Europa, Asia, África y Oceanía por lo menos desde hace tres décadas, pero fundamentalmente se implementa bajo esquemas de total independencia y autonomía técnica y de gestión.

Antulio Ontiveros Laguna, director del Instituto Nacional de Ciencias Políticas, Sociales y Estudios Jurídicos Daniel Cosío Villegas, realizó un análisis comparativo de los países alrededor del mundo que han implementado fiscalías especiales contra la corrupción.

Entre sus conclusiones, refiere que de los casos más funcionales está el de Bolivia, donde dicho órgano está compuesto por un fiscal que proviene de la sociedad y que no pertenece a partido político alguno ni a grupos económicos que controlen algún sector de la producción.

Indicó que en Latinoamérica las agencias anticorrupción dependen en su mayoría del Poder Ejecutivo, y pocos son los casos que se sustentan en la Constitución o que se originan por decreto legislativo.

Añadió que tras analizar los casos de Argentina, Ecuador, Honduras, Bolivia y Perú, en los mismos se aprecia lo siguiente: son órganos subordinados al Poder Ejecutivo, y en el caso de los representados por la sociedad civil, carecen de fortaleza institucional y de toma de decisiones, de ahí su fracaso.