Un tribunal federal desechó de manera definitiva la demanda de amparo promovida por Manuel Bartlett, David Monreal Ávila, Layda Sansores y Ernestina Godoy Ramos contra la reforma constitucional en materia energética del presidente Enrique Peña Nieto.

El primer tribunal colegiado en materia administrativa determinó que la petición de amparo es notoriamente improcedente, ya que la legislación señala de manera expresa que no es posible impugnar mediante juicio de garantías un procedimiento de reformas a la Carta Magna.

El pasado 29 de enero, la petición de amparo de los políticos mencionados fue admitida a trámite por el juez federal Fernando Silva, pero debido a que el Ministerio Público Federal (representante de los intereses de la Federación en los juicios de amparo) interpuso recursos de revisión, ahora el tribunal colegiado determinó desechar la petición de los quejosos.

Hasta el momento, todas las demandas de amparo contra la reforma constitucional de los artículos 27 y 28 constitucionales (que modificaron el espectro normativo y regulatorio de Petróleos Mexicanos) han sido desechadas por improcedentes.

En su resolución, el tribunal argumentó que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución (y) dicha hipótesis se debe aplicar a los actos correspondientes al procedimiento de reforma de los preceptos constitucionales, que ni siquiera puedan causar agravio a los gobernados, pues el eventual agravio lo causa su resultado final, es decir, la norma reformada.

Los magistrados Joel Carranco, Carlos Ronzón y Julio Hernández Fonseca resaltaron que el artículo 61 de la Ley de Amparo –que entró en vigor en abril de 2013– prohíbe la procedencia del juicio de amparo para impugnar adiciones y/o reformas a la Constitución.

Bartlett presentó un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar que ejerciera su facultad de atracción, pero tampoco fue procedente.