El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, aseguró ayer que la falta de recursos destinados a la edificación de instalaciones para juicios orales no será impedimento para que se implemente a tiempo la reforma del sistema de justicia penal de 2008.

Esa reforma incluye un sistema adversarial y mayor transparencia en el desarrollo de los procesos penales. El plazo definitivo para su aplicación en todo el país vence en 2016.

Al participar en la ceremonia inaugural de sexto Foro Anual sobre Seguridad y Justicia, Silva Meza aseguró que la reforma nos aclarará a todos que las víctimas del delito no pueden ser revictimizadas por los actos burocráticos de las autoridades, pero también aclarará que los imputados no pueden ser sometidos a actos arbitrarios de la autoridad.

Agregó que la misión de los jueces es proteger y hacer valer los derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana y por los tratados internacionales que ha firmado el país.

Resaltó que la sociedad necesita creer en sus instituciones, y en lo particular está ansiosa de creer que tiene jueces confiables.

A su vez, el activista y empresario Alejandro Martí, quien también participó en esa ceremonia, dijo que uno de los principales retos a los que se enfrenta al nuevo sistema de justicia penal es lograr que México cuente con cuerpos policiacos profesionales que se ganen el respeto de la sociedad. De otro modo, la reforma corre el riesgo de fracasar, dijo.

Reiteró que otro punto preocupante que debe solucionarse en los próximos dos años (tiempo que resta al plazo de ocho años para que sea implementada la reforma penal) es modificar la ley contra la delincuencia organizada, a fin de que sea correlativa con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Alejandro Martí solicitó al Poder Legislativo que analice y apruebe en un periodo extraordinario de sesiones la reforma a la ley contra la delincuencia organizada, con el fin de evitar que colapse el sistema de justicia penal.

“Sólo con ella evitaremos que personas que ya están en prisión por delitos de esta magnitud mantengan el contacto con terceros para seguir delinquiendo.

Si no contamos con esta ley (contra la delincuencia organizada), con la misma vara con la que se mida a personas que se roban un pan, será la misma con la que se mida a personas que secuestren o trafiquen con drogas, advirtió el empresario.

Añadió que es indispensable construir un país en el que se perfeccione un sistema de justicia equilibrado, para que no se favorezca ni a las víctimas ni al imputado, sino que sea una justicia ciega que se sustente en pruebas para llegar a la verdad legal de los hechos.