Diputados federales del PRD pidieron la intervención de la Secretaría de Gobernación (SG) ante la violación de derechos humanos en Puebla, en contra de integrantes de organizaciones ambientalistas que se oponen a los megaproyectos del gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle.

Afirman que en Puebla se criminalizan los movimientos sociales y no se consulta a la población para la realización de proyectos, como el gasoducto del Plan Integral Morelos y la construcción de la autopista Arco Poniente.

Dijeron que en tres días consecutivos del mes pasado, el gobierno estatal aprehendió y encarceló a tres dirigentes sociales; liberó seis nuevas órdenes de aprehensión “y 150 ciudadanos están en la lista negra del gobernador”.

Un grupo de 17 diputados perredistas se reunió el martes pasado con el subsecretario de Enlace Legislativo de la SG, Felipe Solís Acero, ante quien explicaron la tensión política y la resistencia civil surgida por este motivo que la administración estatal pretende hacer aparecer como asunto interno del PRD.

También afirmaron que hay omisión del gobierno federal ante la existencia en pleno siglo XXI, de presos políticos, a manos de un gobierno represor, advirtió el diputado Carol Antonio Altamirano.

Hoy en Puebla –indicaron los legisladores– ha habido fuertes enfrentamientos; en las poblaciones se han vuelto a tocar campanas para que la gente se defienda de los operativos del gobierno del estado y las amenazas permanentes contra los investigadores universitarios que han dicho que no son viables los proyectos que propone el gobierno.

Hay grupos paramilitares para amedrentar a la gente; no se le está dando atención y puede derivar en un conflicto más fuerte, dijo la diputada Roxana Luna Portillo.

Los proyectos que han desatado la resistencia civil están en San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Atlixco. El gasoducto recorrerá 150 kilómetros a través de 60 comunidades cercanas a la zona de contingencia del volcán Popocatépetl, señalaron.

El Arco Poniente pretende construir una autopista de 42 kilómetros, con lo que –afirman– resultan afectadas 244 héctareas de tierras agrícolas, cuya producción involucra a 15 mil jornaleros.

Es público que hay tres personas detenidas por la decisión del gobernador Moreno Valle, quien ha generado una campaña de criminalización de los movimientos sociales. Se entregó a la Secretaría de Gobernación una lista de hechos que hacen evidente la falta de diálogo en la entidad, dijo la diputada Luna Portillo.

La gente se opone a los proyectos porque no los conoce, mientras que el gobernador sólo ha encarcelado a quien se opone; la responsabilidad del gobierno es estar en comunicación con los ciudadanos, señaló.