Por resolución judicial, las muertes de mujeres en el estado de México son analizadas por un grupo de funcionarios federales para determinar si el nivel de violencia hace necesario emitir una alerta de género en esa entidad.

Representantes de organizaciones civiles han documentado casos de violencia extrema contra las mujeres durante la gestión del entonces gobernador Enrique Peña Nieto (2005-2011) y ahora exigen a la Secretaría de Gobernación, responsable del sistema de análisis, una indagatoria imparcial, con base en un proceso transparente, de cara a la opinión pública.

Afirman que durante la administración del ahora presidente de la República, más de mil mujeres fueron asesinadas con brutalidad y muchas fueron arrojadas en un lugar distinto a aquel donde fueron masacradas, estranguladas, con un patrón criminal similar al de Ciudad Juárez en los años más graves de agresión contra las mujeres.

"¿Qué más quieren? Ahí está la evidencia. Exigimos a la Secretaría de Gobernación un proceso transparente, con máxima publicidad, que derive en una alerta de género, como lo ordena el Poder Judicial, advirtió María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (de febrero de 2007) precisa que el feminicidio es una forma extrema de violencia contra las mujeres, y que emitir una alerta de género (condición sin precedentes hasta el momento, pese a las solicitudes interpuestas por grupos civiles de varias entidades) significa que los gobiernos involucrados deben aplicar políticas públicas y medidas de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia.

La declaratoria de alerta, indica la ley, se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame. Actualmente, los casos de Guanajuato y el estado de México están en análisis y el gobierno federal deberá emitir una respuesta en los próximos días.

Sin embargo, el camino para quienes piden esta declaratoria no es fácil. Hace tres años, los solicitantes del estado de México debieron acudir al Poder Judicial para que se ordenara al sistema que analiza los casos de violencia (encabezado por la Secretaría de Gobernación) el inicio de una investigación.

El juzgador avaló la denuncia de los activistas de que el rechazo de la autoridad para investigar los hechos no fue debidamente fundado ni motivado.

Los solicitantes advirtieron que, pese a que el análisis gubernamental en curso es sobre los hechos reportados antes de 2011, la problemática continúa y se calcula que durante el bienio 2011-2012, alrededor de 700 mujeres fueron asesinadas en aquella entidad. Señaló que se desconocen los datos de 2013 porque la autoridad sólo reporta homicidios dolosos, sin precisar la eventualidad del tipo penal del feminicidio.

La alerta, considerada en la ley como un mecanismo de atención urgente, en los hechos no ha funcionado, afirmaron.

Lo único que nos han demostrado las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y de los gobiernos estatales es que tienen voluntad política, pero para que este mecanismo no funcione, advirtió Estrada. Tanto el anterior como el actual reglamento de la ley en mención han demostrado ineficacia, dijo.

Añadió que conseguir la orden del Poder Judicial les ha llevado tres años, con un proceso largo de amparo, solicitado el 8 de diciembre de 2010. Desde enero de 2011, indicó, el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres dijo no a la investigación, con el argumento de que no tiene obligación de informar a la opinión pública el motivo de sus determinaciones.