confesión de parte, relevo de pruebas, reza un dicho muy frecuente entre abogados. En el boletín 1638, de fecha 2 de mayo de este año, el gobierno del estado de Puebla establece por fin que es real uno de los principales temores de quienes nos hemos dedicado a la prevención frente a una erupción del Popocatépetl: el gasoducto no sólo abastecerá del producto a la generadora de electricidad de Huexca, Yacapixtla, Morelos, que operarán empresas españolas, sino que se utilizará como un beneficio directo para la industria ya instalada en la región que cruza y detonará inminentes inversiones industriales.

Sabemos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende tener un polo de distribución a 20 kilómetros del cráter, en Calpan, y que está dispuesto a pagar 2 mil 500 pesos metro cuadrado y más para obtener el terreno, y lo mismo debe ocurrir en otros puntos a lo largo de su trazo.

Distribuir gas en la región que cruza el gasoducto es un acto criminal, con perdón de la dramatización que esta palabra implica. Propiciar desde los gobiernos el crecimiento de las actividades económicas es fomentar el incremento de la población y sus instalaciones, como cualquier urbanista sabe. Que más gente habite las faldas del volcán, representa la multiplicación del riesgo. ¿O no? No sólo eso, ¿de dónde obtendrán estas nuevas industrias y centros urbanos el agua necesaria para vivir, los materiales de construcción; dónde arrojarán sus desechos? El macizo montañoso de estos volcanes abastece y capta agua para más de 13 millones de habitantes, y empieza a verse reducido ya de manera grave.

Hasta este boletín, nos habían asegurado que no habría ramales en el ducto, que tan sólo era para llevar el gas a Huexca, y satisfacer las necesidades de electricidad de aquella zona. Por eso, el documento en cuestión es una joya en la disputa argumental que se sostiene. Confiesan hoy lo que ocultaban, pero no dicen ni una palabra del enorme negocio que representa para las empresas españolas que operarán la gasoeléctrica morelense –Élecnor, Abeongoa, o quien se quede finalmente con el contrato– por medio de ese tipo de instrumentos inventados en tiempos de Zedillo, 1995, llamados Pidiregas, proyectos de inversión con impacto diferido en el gasto público, con los que el gobierno, el Estado, se compromete a pagar la generación de energía eléctrica, por ejemplo, a las compañías beneficiadas, la generen o no. Hay decenas de casos.

Otro documento que ratifica el propósito de hacer el gasoducto es un desplegado publicado el 5 de mayo en la prensa nacional. Sus firmantes habrían sido los asistentes –reales o esperados, que autorizaron o no su firma en el documento, que entendieran o no el problema tratado– a una reunión celebrada en el Centro Integral de Servicios, nueva sede del gobierno estatal, el día 2 de mayo. Los soportes técnicos de sus intenciones, expresados en el desplegado, son que: cumple con las recomendaciones del Cenapred y la Universidad Autónoma de Tamaulipas; que cuenta con el respaldo social al tener 90 por ciento de indemnizaciones, y que es de un gran beneficio social.

El supuesto soporte técnico del Cenapred consiste en recomendaciones para modificar el trazo del gasoducto, pero nadie conoce algún documento con tales recomendaciones. Por el contrario, existe un oficio que indica que el entonces director de esta institución, Roberto Quass, criticó severamente el proyecto. No se ha publicado el trazo del ducto, pero si atendemos a un trabajo de identificación del mismo, a partir de las compras que han hecho de tierras, hacia la parte este y sureste del volcán, atraviesa por la zona de mayores amenazas establecida por el Mapa de Peligros elaborado por expertos nacionales e internacionales, y que es la base del Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo vigente. Pero es muy fácil saber cuál es el trazo: que la CFE lo presente públicamente. Hay que advertir que el riesgo que están construyendo con la obra no se refiere únicamente al trayecto del tubo, sino a los puntos donde habrá ramales, diseños que también deberían presentar.

En cuanto al apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hasta donde se sabe, en el Manifiesto de Impacto Ambiental –uno de los 20 o 25 que han elaborado–, un geólogo de esa universidad fue contratado para analizar el riesgo volcánico, no la universidad. Por cierto, la CFE contrata a un geólogo de la universidad de un estado donde no hay volcanes ni se estudian. Esto ha sido criticado por la comunidad de especialistas desde hace años. Así que este aval técnico es, incluso, risible.

¿Por qué no lo avaló alguno de los especialistas que han estudiado el Popo, como Ana Lilian Martin de Pozzo, Servando de la Cruz, José Luis Macías, Claus Siebe, o algunos de la UAP? Fácil: porque ningún conocedor del volcán puede dar su aprobación al proyecto, ni al gasoducto ni a la termoeléctrica donde está instalada. La mayoría de los geofísicos expertos en vulcanología que saben del tema han descalificado el proyecto, algunos públicamente y otros en cartas privadas o reuniones. Eso lo sabe la CFE perfectamente, pero no les ha importado. Tanto no les ha importado, que falsificaron el Mapa de Peligros y con él hicieron miles de trípticos que repartieron en las comunidades volcaneras, desmereciendo el peligro eruptivo, con la consecuente protesta del Instituto de Geofísica de la UNAM, y la universidad los llamó a dar cuentas de ello.

En cuanto al respaldo social que aseguran tener porque 90 por ciento de los afectados ya firmaron de conformidad, hay que decir lo mismo: que presenten pruebas.

Propongo, señor gobernador, señor director de la CFE, que hagamos un ejercicio en favor de la verdad. Hagamos un diálogo público entre ustedes y quienes nos oponemos al proyecto; entre sus expertos y los que han manifestado objeciones; entre sus documentos y la verdad. ¿Qué les parece? Asuman que ustedes dos son, personalmente y como representantes institucionales, los responsables de que lo en esta zona se haga y el desastre que ocurra.