La legislación secundaria en materia político-electoral conlleva avances importantes, como impedir que las televisoras burlen la disposición de no contratar propaganda, pero también existen regresiones, entre ellas la de legalizar el modelo Monex, así como la ausencia inadmisible de candidaturas comunes y una cesión vergonzosa al no obligar a los medios electrónicos a transmitir en horario estelar los dos debates que se darán cada seis años entre los candidatos presidenciales, advirtió el senador panista Javier Corral.

Integrante del grupo que durante dos meses negoció esa legislación, Corral comentó que la batalla más dura se dio en torno al modelo de comunicación política, porque los representantes del gobierno, particularmente el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, estuvieron más interesados en defender los intereses comerciales de Televisa que en fortalecer un sistema de partidos en condiciones de competencia plena.

Explicó que el funcionario no sólo metió una cláusula ficticia en el dictamen final, para abrir la puerta a una pensión vitalicia a los magistrados electorales, sino que en todo momento se mantuvo del lado de la empresa de Emilio Azcárraga, a tal grado que en el capítulo de modelo de comunicación política Castillejos utilizaba los argumentos que la televisora ha esgrimido en litigos con el ex Instituto Federal Electoral y con el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pese a lo anterior, agregó, se frenaron intentos de retroceso frente a disposiciones constitucionales, como la pretensión de incorporar la figura de la pauta estatal, que en términos reales buscaba proteger los intereses de la televisión en cuanto a bloqueos individuales, para evitar que un candidato a gobernador se promocione en todo el país.

Se avanzó en obligar a que la pauta electoral también sea transmitida en aquellos canales multiprogramados que se autoricen por el Estado. Se incorporó la obligación del Instituto Nacional Electoral (INE) de monitorear no sólo la la televisión radiodifundida, sino también la restringida, a fin de constatar el cumplimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales en torno a la compra o adquisición de cobertura informativa y de suspensión de la propaganda gubernamental.

Se incorporó una obligación legal para que el INE disminuya los plazos de entrega de materiales promocionales de los partidos políticos en radio y televisión, se redistribuyeron los espots en campañas locales para evitar que los gobernadores se queden con la mayoría de los anuncios, como ahora ocurre.

También se avanzó en materia de fiscalización de los gastos de los partidos; no se eliminó el prorrateo, pero terminó regulándose de una manera que no evitará toda la simulación, pero la va a mermar.

Sin embargo, recalcó, algo verdaderamente regresivo es que se legalizó el modelo Monex, al considerar los gastos de las estructuras electorales como gasto ordinario.

Explicó que los gastos de los coordinadores electorales, distritales, los representantes de casilla, los coordinadores de zona, todo el personal que se contrata para las elecciones, dizque para cuidar el sufragio, pero que en realidad el PRI lo usa para comprar el voto, son considerados gastos ordinarios, o sea que se contabilizan como gastos de campaña.

Se da así el aval para otros casos como el de Monex, los que sirvieron no sólo para burlar los topes de campaña, sino que fueron el vehículo para la compra y coacción del voto.