Un juez federal enmendó la plana a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual considera que la masacre de 72 migrantes y la localización de 47 fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas (en 2010 y 2011), y la matanza de 49 personas cometida en mayo de 2012 –cuyos restos fueron encontrados en Cadereyta, Nuevo León–, no son delitos de lesa humanidad, sino homicidios relacionados con la delincuencia organizada.

Al resolver un amparo en contra de la decisión de la PGR de no proporcionar datos solicitados por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), el juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, ordenó a la procuraduría entregar la versión pública de las pesquisas efectuadas.

Argumentó que cuando existan violaciones graves a derechos humanos, éstas afectan a toda la colectividad, por lo que debe operar una excepción a la restricción de la información de las averiguaciones previas.

La sentencia, que puede ser impugnada en segunda instancia, subraya que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, una forma de reparación, tanto a los familiares de las víctimas como a la sociedad, es que conozcan la verdad de los hechos.

La sociedad está interesada en conocer la verdad histórica de los hechos a fin de enjuiciar a los responsables, evitar la impunidad y las repetición de dichos actos en el futuro, apunta.

En razón de lo anterior, precisó el juez, resulta infundada la pretensión de la PGR de no entregar la información requerida con el argumento de que se trata de datos reservados por formar parte de una averiguación previa.

Sólo con la máxima publicidad se garantiza que los ciudadanos tengan la información sobre lo que, de manera indirecta, les está afectando. En consecuencia, subrayó, los familiares de las víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones.

En el amparo concedido a la Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho –la cual impugnó la decisión de la PGR, que fue, en su momento, avalada por el Ifai–, el juzgador consideró que era insuficiente la información que entregó inicialmente la dependencia federal relativa a que, de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, 60 habían sido identificados; que de los restos localizados en las 47 fosas clandestinas quedan 66 cuerpos de desconocidos y que de los restos encontrados en Cadereyta, 46 cuerpos están pendientes de que se señale su filiación.

El juez tomó en cuenta datos dados a conocer en su momento por la CNDH, según los cuales sólo en 2011 en Tamaulipas se registraron mil 75 homicidios presuntamente relacionados con el narcotráfico; que entre 2010 y 2011 se encontraron en San Fernando más de 250 cadáveres en condiciones similares y que en los últimos cinco años se han localizado en Tamaulipas 156 fosas clandestinas con restos de personas ejecutadas.