El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, señaló que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública incurre en falta de entrega de información, lo que impide determinar el impacto del uso de los fondos públicos en el fortalecimiento de la procuración de justicia.

No obstante, advirtió que en 2012 los recursos se utilizaron para fines distintos, hubo subejercicio, falta de documentación comprobatoria y obra pagada no ejecutada, entre otras anomalías.

Al dictar la conferencia La violencia y el uso de los presupuestos de seguridad: una mirada desde la Auditoría Superior de la Federación, en El Colegio de México, mencionó que sólo el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Fasp) para los estados y el Distrito Federal tuvo ese año un subejercicio de más de 4 mil millones de pesos.

En el caso del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), afirmó que 62.5 por ciento de beneficiados –entre alcaldías y demarcaciones de la ciudad de México– reportaron mejoría en índices de robo, pero en 33 por ciento aumentaron y en 4.2 no se dispuso de datos.

No hay vinculación entre el uso de estos recursos y los indicadores relacionados con los índices delictivos, subrayó el auditor.

Mencionó que el secretariado omite la verificación del avance de metas de los programas de prioridad nacional y, en el caso de 2012, careció de un sistema de información para registrar los avances físico-financieros del Fasp, por lo que no se logró conocer los resultados de la aplicación de la política pública, además de afectar de manera perversa programas de salud y educación.

Sobre la colaboración entre procuradurías de justicia del país, manifestó que la revisión de la ASF evidenció la carencia de programas conjuntos para el abatimiento del rezago en la atención de averiguaciones previas.

Esto limitó evaluar en qué medida esa colaboración contribuyó a la integración eficaz de las indagatorias, al abatimiento de la impunidad y, por tanto, a la adopción de una política integral en esta materia, agregó.

Portal también se refirió a la infraestructura penitenciaria, donde se determinó que las obras previstas en 33 contratos de obra pública y de servicios, a precios unitarios y tiempo determinado, no se concluyeron en el plazo convenido, por lo que se formalizaron 89 convenios modificatorios, lo que implicó un aumento de 11 por ciento en el costo.

Indicó que las auditorías practicadas al Fasp confirmaron que desde 2009 es uno de los fondos que más subejercicios han presentado, y se incurre en incumplimiento de metas, como la de certificación del personal, deficiencias en el cumplimiento de los trámites y requisitos para su ejercicio, insuficiente acompañamiento y asistencia técnica a las entidades federativas por el secretariado ejecutivo, así como elevado índice de excepciones a la licitación y prevalencia de las adjudicaciones directas.

Irregularidades en el Seguro Popular

Portal adelantó que la Auditoría Superior de la Federación analiza la desviación de recursos del programa Seguro Popular en alrededor de una decena de entidades, por lo que se apresta a presentar en julio las denuncias correspondientes.

En entrevista, reveló que se detectaron desviaciones importantes en este rubro en los estados de México, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Jalisco y Tabasco.

Anunció que documentarán todos los expedientes para presentar las denuncias que correspondan, porque jamás actuamos bajo presunción. Apuntó que hay observaciones en todos los estados, pero hay casos en los que se utilizaron los fondos para la contratación por honorarios y pago de nómina de personal ajeno al sector salud, entre otras irregularidades.