La nueva Ley de Juegos y Sorteos prevé la creación de un instituto nacional en la materia, el cual evaluará –como una de sus primeras tareas– a cada uno de los permisionarios y determinaría quién continúa en el negocio.

También se pretende homologar los periodos de vigencia de las autorizaciones emitidas por gobiernos anteriores, al tiempo que se elevarán sustancialmente las sanciones, las cuales irán de 10 mil pesos (ley actual) a una pena de dos a cinco años de prisión y multa de 30 mil a 100 mil días de salario mínimo a quien viole la norma.

Para los funcionarios que autoricen ilegalmente la operación de un casino, el castigo será de tres a seis años de cárcel e inhabilitación hasta por 10 años para ocupar un cargo.

El objetivo de la nueva ley es eliminar la discrecionalidad de los funcionarios en turno para beneficiar a determinado grupo empresarial, indicaron funcionarios.

Es por ello que los permisionarios actuales deberán solicitar, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, la eventual sustitución del permiso (visto bueno de la instancia reguladora).

Los legisladores y funcionarios estudian la posibilidad de promover incluso una reforma constitucional para que la homologación de las licencias sea independiente de la fecha de expedición de las mismas.

Hay compañías que obtuvieron su venia en los años 90 o en la década pasada para operar por 20 o 25 años determinado número de salas de apuestas. Es decir, pueden tener una o varias abiertas, contar o no con operadores o simplemente no tienen ningún casino abierto.

Por ejemplo, Administradora Mexicana de Hipódromo (consorcio constituido por Jorge Hank Rohn) obtuvo el permiso en septiembre de 1997 para operar durante 25 años un hipódromo y hasta 65 centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números. Actualmente tiene en funciones un hipódromo y 49 salas; adicionalmente, tres casinos de esta firma están clausurados. Los nombres comerciales que utilizan son Jackpot, Royal Yak, y Yak.

En tanto, de las múltiples licencias que se otorgaron en el último tramo del gobierno de Vicente Fox, una fue para Apuestas Internacionales, de Televisa, con la que podrá operar durante 25 años hasta 55 salas, de las cuales actualmente tiene abiertas 18 (Play City) y tres con suspensiones.

A su vez, al final del sexenio de Felipe Calderón se otorgaron beneficios a dos ex operadores de Entretenimiento de México, con vigencia de 18 años, pero con base en un permiso ya existente.

Por la variedad de características de cada autorización, en la nueva ley se prevé que la duración de los permisos sea de 10 años; hace una clara identificación de los operadores y de los permisionarios (en este último recaerá la responsabilidad jurídica) y habrá una licencia por cada establecimiento. Las controversias en la industria del juego serán resueltas exclusivamente por el instituto que se pretende crear.

Los lineamientos anteriores están incluidos en el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Juegos y Sorteos (con 206 artículos); la actual data de1947, sólo tiene 17 artículos y nunca ha sido modificada.

Otro de los aspectos relevantes del documento base es la prohibición de ingreso a menores de 21 años.