Chihuahua, Chih., 21 de mayo.

Los tambores rarámuris sonaron en el centro histórico de Chihuahua para celebrar que, después de 86 años de litigio, el tribunal agrario unitario del quinto circuito falló en favor de la tribu indígena de Baquechi, a la cual restituyó predios invadidos por ganaderos mestizos del municipio de Carichí.

El primer gobernador rarámuri, Patricio Chávez Gabriel, y el presidente del comisariado ejidal de Baqueachi, Valentín Chávez Chávez, informaron que la magistrada Imelda Carlos Basurto les notificó de la sentencia que les restituye los predios El Divisadero y Mesa del Águila, invadidos por el ganadero Jesús María Espino, al que “le ganamos muchos juicios, pero sigue invadiendo propiedad indígena.

Les ganamos a los invasores con su ley, con los papeles en la mano; ahora queremos que respeten al pueblo de Baqueachi, a su gente y su territorio, dijo Patricio Chávez, quien hace 20 años, cuando los indígenas decidieron contratar abogados para defender sus tierras, tuvo que aprender a leer y a escribir castellano para entender justicia chabochi (mestizo o blanco).

El martes, vestidos con trajes tradicionales, el rostro adusto y frases cortas en castellano, ambos mostraron con orgullo la sentencia de la magistrada del Tribunal Agrario Unitario, que podrán leer debido a que por primera vez les fue traducida a la lengua tarahumara.

Este fallo destraba 14 juicios pendientes contra igual número de ganaderos mestizos que por décadas se apropiaron de 25 mil hectáreas, las mejores de pastizal del ejido, de un total de 44 mil de territorio indígena concedido por resolución presidencial a la tribu de Baqueachi.

Los rarámuris ya habían ganado otros juicios y recuperado 7 mil hectáreas de pastizal y siembra a finales de 2009; cuando estaba por ejecutarse la sentencia, el primero de marzo de 2010, fue asesinado su asesor, Ernesto Rábago Martínez, esposo de Estela Ángeles Mondragón, abogada defensora de los derechos de los pueblos indígenas.

Antes de este crimen fue incendiado el despacho de la litigante y desconocidos balearon a su hija Deny Loya, fuera de su domicilio.

La abogada cuenta con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras el triunfo legal se propuso hacer la protección extensiva a las autoridades tradicionales del ejido Baqueachi y al sacerdote redentorista de Carichí, Ignacio Becerra, quien les ha acompañado durante años en la defensa de sus tierras.