El ser humano dejó de ser el centro de atención de las instituciones, incluida la Iglesia, y se convirtió en un instrumento de lucro, un artículo de venta, lo que daña severamente las garantías fundamentales de las personas que obligadamente deciden migrar para encontrar opciones de desarrollo que no encuentran en su lugar de origen, señalaron especialistas en el tema.

Durante el coloquio Los grandes problemas nacionales, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinado por el diplomático Héctor Vasconcelos se realizó la mesa sobre Movimientos migratorios, donde el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el camino, indicó que el gobierno mexicano ha abdicado a su responsabilidad de garantizar los derechos de los migrantes en tránsito por el país.

Las personas en tránsito por México enfrentan agresiones y violaciones a sus garantías fundamentales tanto por empleados gubernamentales como por el crimen organizado. Por ejemplo, dijo que el Movimiento Migrante Mesoamericano estima que en años recientes hay entre 70 mil y 100 mil migrantes desaparecidos en territorio mexicano, aunque –acotó Solalinde– la cifra podría ser en realidad de 10 mil personas en esa condición, la cual ya es preocupante, pues muchos de ellos son víctimas del crimen organizado.

En la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, planteó que el fenómeno migratorio cuestiona tres cosas: al sistema de sus lugares de origen, que les niega posibilidades básicas de desarrollo; la poca atención y corrupción de los gobernantes de sus países, y la despreocupación de la Iglesia católica, que debería estar al pendiente no del dinero, sino del ser humano.

Solalinde informó que el próximo primero de junio un grupo de migrantes, acompañados por diversos activistas, entre ellos él, iniciarán una caravana desde Ixtepec, Oaxaca, hasta la ciudad de México, con la idea de reunir a los embajadores de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Estados Unidos y a representantes del gobierno mexicano para dialogar sobre posibles soluciones a este fenómeno.

La idea es que los primeros conozcan y escuchen a la gente de sus naciones, a los servidores públicos mexicanos para que se comprometan a resguardar las garantías de los migrantes, y a los estadunidenses para que sean un pilar de apoyo para mejorar las condiciones en los países de expulsión, a fin de brindar mejores opciones de vida a sus pobladores.

En su turno, Jorge Bustamante, fundador de El Colegio de la Frontera Norte, informó que en todo el mundo hay 140 millones de seres humanos que han cruzado las fronteras, y la tercera parte de ellos lo hacen sin documentos, lo que los expone a riesgos que atentan contra su dignidad.

Indicó que si bien es cierto que muchas de las agresiones contra los migrantes en tránsito por México son perpetradas por el crimen organizado, corresponde al Estado velar por su seguridad y garantías, por lo que no puede eludir –como trató de hacer el ex presidente Felipe Calderón al responsabilizar únicamente a los criminales– esa obligación.

Pero al mismo tiempo, dijo, la sociedad mexicana también tiene responsabilidad en esa tragedia humanitaria, debido a que no hemos sido capaces de generar un costo político para un gobierno que no hace nada al respecto.

Por su parte, Ana María Aragonés, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y colaboradora de La Jornada, planteó que la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue lo que potenció la expulsión de miles de trabajadores mexicanos hacia el vecino país, debido a que se terminaron los subsidios para el campo, se limitó la soberanía alimentaria, los empleos cayeron y los salarios bajaron.