inalmente, después de propagandizar sin pausa una reforma que, con un fondo único integrado con las bolsas de IMSS-Issste y Seguro Popular tendría efectos positivos en presuntas mejoras en la calidad de la atención a los pacientes gracias a la competencia entre prestadores plurales, la secretaria Mercedes Juan ajustó a la baja su propuesta de salida.

El 25 de abril pasado sacrificó dos de sus más publicitados instrumentos: No habrá fondo único, no van a desaparecer las cuotas obrero-patronales, dijo, y las reformas fiscales no dieron para un solo paquete de impuestos generales que unificara la atención a la salud. Estas capitulaciones confirman que su reforma quedará comprimida a la creación de un padrón único que impacte en la eficiencia del gasto y el ahorro de los recursos y a degradar el derecho a la salud.

Coincidiendo con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío, para quien en el derecho a la salud se debe pensar cómo se debe satisfacer, no en la retórica constitucional, sino en acciones concretas, para que nosotros, los juzgadores, lo entendamos y podamos saber qué podemos proteger, hasta dónde o cuáles son las condiciones reales de esa protección, Mercedes Juan quiere una reforma que necesariamente modifique el artículo cuarto constitucional.

Con esta nueva base constitucional pretende introducir en IMSS, Issste, Sedena, Semar y Pemex: 1) garantías explícitas (o paquetes básicos mínimos) que racionen las intervenciones de salud, ahora sujetas a condiciones precisas para el acceso a los servicios. 2) Homologar interinstitucionalmente protocolos de atención y tarifas para aplicar esa paquetería explícita. 3) Incrementar gradualmente la lista racionada de intervenciones ya como paquetes básicos explícitos. 4) Crear una procuraduría que vigile y haga exigibles los paquetes mínimos explícitos. Además, asegurada su independencia respecto a todas las instituciones, esa procuraduría dispondría de la facultad de obligar a cada una de ellas a prestar los servicios o pagar en el caso de que no los puedan prestar o hacer un direccionamiento del paciente a un proveedor alterno ¿privado? 5) Finalmente, integrar una comisión nacional de salud universal con todas las instituciones –más la Secretaría de Hacienda– con el encargo de ejecutar el racionamiento a paquetes básicos mínimos, así como determinar costos y tarifas interinstitucionales (portabilidad). Y para enfrentar la ola de negligencias que, ya con Peña Nieto, inundan al sector –que debería ser su prioridad principal– sólo ofrece una instancia para la vigilancia de la calidad en los establecimientos, ya contenida en las modificaciones a la Ley General de Salud (28/4/14), que recentralizan autoritariamente los recursos del Seguro Popular.

Intentando justificar esta degradación del derecho a la salud, Mercedes Juan se escuda en el planteamiento conceptual de la Organización Mundial de la Salud sobre la cobertura universal y que, según ella, suscribe el acceso a servicios necesarios destacando el número de intervenciones que están cubiertas. Y México, estima, avanza con el Seguro Popular mediante la incorporación de cada vez más intervenciones. Esta incorporación racionada la extiende, también, a la disponibilidad de recursos humanos especializados y de infraestructura.

Es decir: su reforma esquiva la más robusta demanda ciudadana: ¡mejorar servicios ya!, ajustando el catálogo de prestaciones al alza: a la altura de lo que efectivamente requieren los ciudadanos del siglo XXI. Por el contrario, su modificación constitucional aplana a la baja y raciona el acceso a la salud a servicios necesarios, pero que, sin embargo, pretende promocionar, ahora, como derecho exigible degradado.

Su universalidad sanitaria es un mito. Resulta demagógico presentar como universal aquello que, de entrada, establece excepciones que niegan cobertura a todos. Lo que es consecuente con la sustitución que hizo Peña Nieto –en campaña– al evadir el debate sobre el estado real de la salud y la seguridad social después de 17 años de reformas fallidas (con la del Seguro Popular a la cabeza) por la ingenua propuesta minimalista de un anémico aunque ruidoso sistema de seguridad social universal fundado en tres derechos exigibles, para justificar socialmente el incremento de impuestos (IVA) de su reforma hacendaria, destinado a suturar el hoyo financiero que anticipa su reforma energética.

Por tanto, todos los grandes pendientes del asunto pensionario y los desafíos de la salud están en pie, aunque sustancialmente agravados. La bomba estallará en el próximo sexenio.

La naturaleza acotada de los derechos exigibles de la seguridad social mínima de Peña sustituye con protección social básica, la seguridad social integral vigente: Convenio signado por México con OIT (junio, 2013) para promover pisos de protección. La reforma de Mercedes Juan amenaza con imponer un tercer derecho exigible, tecnocráticamente racionado a paquetes básicos modificando el artículo cuarto constitucional estableciendo, ahora, al más alto nivel posible de salud (según el Centro de Investigación y Docencia Económicas) y una extravagante procuraduría para garantizarlo.

Mercedes Juan replegará la actual atención médica integral de IMSS, Issste, Sedena, Semar y Pemex, achicando la responsabilidad estatal a intervenciones garantizadas de manera explícita como nuevo derecho constitucional degradado Lo que no cubra Peña deberán, ahora, cubrirlo los ciudadanos comprando seguros complementarios. El nuevo PRI impondrá una universalidad no universal.

Como observó el senador Fernando Mayans: la creación del sistema de salud universal generará un fuerte debate, ya que el nuevo derecho como está concebido, como acceso efectivo a los servicios, hasta donde el Estado se compromete a garantizar, contradice el principio sobre el cual se pretende erigir ( La Jornada, 26/4/14).

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco