Senadores de PRD y PAN advirtieron que luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la legislación secundaria en materia política, se debe derogar de inmediato el artículo incluido que abre la puerta a la instauración de una pensión vitalicia a los magistrados electorales.

En entrevistas por separado, el perredista Alejandro Encinas y el panista Javier Corral coincidieron en que no debe permitirse ese régimen de privilegios para los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que todo indica es un pago de facturas y favores que les hace el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Encinas destacó que se debe derogar la fracción 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se estableció un haber de retiro para los siete magistrados de ese tribunal, tal como lo propuso el PRD en una iniciativa presentada el miércoles pasado ante la Comisión Permanente y que ya está en comisiones del Senado.

Debe dictaminarse de inmediato, junto con la propuesta del PRI, para que se vote en un periodo extraordinario, destacó, e hizo notar que en el caso de la iniciativa del coordinador priísta, Manlio Fabio Beltrones, éste debe explicar con claridad si la pensión por dos años que proponen se otorgue a los magistrados, cuando se retiren, es a partir de su salario base o también incluirá prestaciones y demás percepciones.

Hizo notar que tienen un régimen privilegiado de percepciones, ya que del ingreso anual de casi 6 millones de pesos que reciben, 80 por ciento se da fuera del tabulador de sueldos y percepciones del TEPJF.

“Esto representa, por ejemplo, que el actual presidente del tribunal reciba un sueldo base mensual de 182 mil 440 pesos, prestaciones nominales por 64 mil 505, prima vacacional por 58 mil 447 pesos, aguinaldo de 363 mil 713 pesos, más un pago por riesgo por 411 mil pesos. Todo ello da un ingreso anual de 5 millones 985 mil pesos que contemplan los ingresos y las prestaciones.

Pero, además de ello, cuentan con gastos de representación que les permiten cubrir el pago de restaurantes de lujo, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada con aportaciones de 10 por ciento de su salario y el equivalente por parte del tribunal; auto y celular, viajes en primera clase en compañía de alguna persona, que incluye renta de auto y viáticos, así como un bono adicional en el año electoral, este último cada tres años y por un millón de pesos.

Dijo que es una verdadera perla el señalamiento del magistrado Flavio Galván de que ese bono de riesgo era una garantía para tener imparcialidad del tribunal. Actuar con apego a la ley es una obligación de los servidores públicos, que con o sin esa prima, con haber de retiro o sin él, deben apegarse en todo tiempo a los principios de legalidad, de imparcialidad, de certeza en los procesos electorales.

Tanto Encinas como el senador Corral Jurado coincidieron en que el magistrado Salvador Nava Gomar, quien ha salido a defender públicamente los ingresos en el TEPJF, es el menos indicado para ello.

Encinas consideró que Nava Gómar debiera explicar con claridad algunas de sus resoluciones; por ejemplo, la que permitió a Jorge Hank Rhon ser candidato al gobierno de Baja California, pese a que una ley local lo impedía, o su aval para que Jesús Ortega asumiera la presidencia del PRD.

Posteriormente, Corral dijo que la credibilidad del tribunal electoral está en duda luego de ese haber de retiro que el gobierno federal y su partido introdujeron de manera subrepticia y de última hora en el dictamen de la legislación secundaria en materia político-electoral. Parece significar un pago de facturas pasadas o futuras por parte de Peña Nieto, sobre todo cuando el TEPJF tiene pendiente desde hace más de un año dos temas que le importan mucho al Ejecutivo federal: el caso Monex y el rebase de topes de su campaña.