El rescate carretero implementado a partir de febrero de 2004 por el gobierno federal entregó ‘‘de manera irregular’’ 19 autopistas propiedad de Caminos y Puentes Federales (Capufe) al Fondo de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), denunció ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Martín Curiel Gallegos, secretario general del sindicato, informó que el organismo presentó una denuncia ‘‘contra quien resulte responsable’’ en la que enumera una serie de acciones impulsadas por la Secretaría Comunicaciones y Transportes (SCT), que derivaron en la entrega anticipada e ilícita de tramos carreteros a la iniciativa privada. Entre las irregularidades denunciadas destaca la entrega de tres tramos carreteros federales de cuota al Grupo Inbursa, el 6 de abril de 2005.

‘‘En la revocación de las concesiones entregadas a Capufe por la SCT, no existe causal alguna de las señaladas en la ley’’, por lo que se violó flagrantemente la norma vigente, afirma el documento entregado la mañana de ayer ante la SFP.

Además, ‘‘no existe documento alguno por parte del Congreso de la Unión respecto del permiso para bursatilizar los futuros ingresos de las autopistas federales de cuota, de mayor rentabilidad y sostén económico de Capufe.

‘‘Esto es, que el pacto se realizó sin el conocimiento y autorización previa del Congreso, lo que resulta grave e irregular por parte de los funcionarios públicos, el que permitieran el traslado de bienes patrimoniales de Capufe en beneficio de Farac, de empresas privadas o de algunos funcionarios de alto nivel.’’

Las irregularidades relacionadas con el incumplimiento de normas legales incluyen la aprobación de un estatuto orgánico de Capufe, en contraposición a los decretos que dieron nacimiento a ese organismo; la inserción de Banobras como miembro del consejo de administración de Caminos y Puentes y a la vez como concesionario de autopistas, facultad de la que además carece en su ley orgánica.

Y lo más grave: la entrega encubierta de autopistas a la iniciativa privada y la ampliación ilegal en los plazos de concesión, señala el escrito, al que tuvo acceso La Jornada.

La participación creciente de la iniciativa privada en la construcción y administración de las autopistas federales, indica la queja, ha derivado en que las carreteras concesionadas de México son las más caras a escala mundial, con un precio de 2.68 pesos por kilómetro, seguidas de las de Japón (el equivalente a un peso 89 centavos), las administradas por el Farac (un peso 43 centavos), Francia (un peso 40 centavos), España (un peso 21 centavos) y Australia (un peso 18 centavos).

El organismo sindical denunció también que en este proceso de restructuración, iniciado en el gobierno de Vicente Fox, se invistió ilícitamente a Banobras SNC de facultades legales para llevar a cabo la administración de los tramos carreteros.

El 8 de julio de 2004, el consejo de administración de Capufe ‘‘autorizó de forma ilegal convenios de terminación anticipada de las autopistas federales de cuota concesionadas a Caminos y Puentes a partir de marzo de 2003’’, muchas de las cuales terminaban su vigencia el 18 de marzo de 2023.