Después de 30 años de abusos sexuales contra menores, el Vaticano anunció ayer la suspensión de sus licencias ministeriales y la baja de la Iglesia católica del ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, ex apoderado legal de la arquidiócesis de San Luis Potosí.

Esta probado que abusó sexualmente de un menor, dijo la Iglesia cotólica en su anuncio oficial, el cual llega muy tarde para las víctimas, que ahora buscan difundir la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del daño.

Las primeras denuncias contra Córdova Bautista surgieron hace 32 años en el Instituto Potosino de los Hermanos Maristas, según testimonios de las víctimas publicados por La Jornada.

Sin embargo, la jerarquía católica ignoró de manera sistemática las múltiples denuncias que, según el ex sacerdote Alberto Athié, podían llegar a más de 100, aunque una de las víctimas entrevistadas aseguró que son mucho más, son cientos los menores y jóvenes dañados por el ahora ex sacerdote.

La Jornada publicó una serie de documentos internos con membrete y sellos de la arquidiócesis de San Luis Potosí que demostraban que desde por lo menos desde 2003 tuvieron conocimiento de los abusos cometidos por el sacerdote en la parroquia de la colonia El Paseo y posteriormente, en 2012, la violación de un joven de 15 años, mientras estaba con el clérigo de viaje en el Distrito Federal.

La reacción inmediata a las publicaciones de testimonios de las víctimas por parte del vocero de la arquidiócesis, Juan José Priego, fue declarar que todo eran difamaciones y que las víctimas y quienes los apoyaban se iban a topar con pared. Luego, con la exhibición de documentos probatorios, reconoció que efectivamente habían atendido un caso en 2008, pero que el sacerdote había sido sometido a juicio canónico y fue declarado inocente.

Imagen del sacerdote Eduardo Córdova Bautista –cuando era joven–, a quien la Iglesia le comprobó el abuso sexual de menores

Las víctimas, apoyadas por Iniciativa Ciudadana y el activista de derechos humanos Martín Faz, están decididas a llevar ante los tribunales a las autoridades eclesiásticas que protegieron al sacerdote, porque consideran que son cómplices de los delitos sexuales cometidos por Córdova Bautista, particularmente los tres arzobispos que le permitieron continuar: Arturo Antonio Szymanski Ramírez, Luis Morales Reyes y Jesús Carlos Cabrero Romero.

En entrevista con La Jornada, Faz consideró que la permisividad de la arquidiócesis fue fundamental para que el sacerdote continuara cometiendo los delitos.

El sacerdote no sería nadie sin el encubrimiento y la protección que le brindó la arquidiócesis potosina durante tantos años. La suspensión es una decisión tardía por salvaguardar la deteriorada imagen de la Iglesia, pero que en modo alguno refleja interés por las víctimas. Este caso jurídico apenas empieza y la arquidiócesis tendrá que enfrentar las responsabilidades de su encubrimiento y la reparación del daño a las víctimas.