Mérida, Yuc., 30 de mayo.

Secretarios de Seguridad Pública, procuradores y fiscales de todo el país se reunirán en los próximos días para llegar a acuerdos de trabajo y generar protocolos homologados de actuación en la República, a fin de que se consolide el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor en 2016.

Al concluir los trabajos de la 31 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se anunció que la semana próxima –sin definir lugar ni día– la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) impulsarán los trabajos coordinados con las policías y las procuradurías del país.

Como conclusiones de este encuentro, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, informó que los procuradores y fiscales del país coincidieron en señalar que es más claro que nunca que las instituciones de procuración de justicia son y serán una de las piezas imprescindibles y fundamentales para que nuestro nuevo sistema funcione bien, brinde justicia certeza, repare daños generados a las víctimas y permita pacificar al país.

Mencionó que los retos para la debida transición a este nuevo sistema son contar con infraestructura para que los operadores realicen adecuadamente sus funciones. Se requiere un marco jurídico armonizado a la Constitución y al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, así como normas, protocolos y manuales para ministerios públicos, investigadores y peritos, pero, indicó, el elemento central del cambio radicará en el aspecto humano, en que la fiscalía, policías, defensores, jueces y peritos apliquen esas herramientas para darle vida, sentido y dirección al sistema de justicia penal.

En tanto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que son los procuradores y fiscales quienes “tienen la alta responsabilidad de lograr que la ciudadanía confíe en sus autoridades, cumpliendo eficazmente al investigar, al dar certeza de que quien viole la ley será castigado, y al garantizar los derechos del ciudadano agraviado (…) garantizando el estado de derecho y generando una cultura de la legalidad.

Debemos seguir construyendo soluciones a los problemas de seguridad y procuración de justicia locales, tomando en cuenta que las realidades sociales pueden variar, pero que se tiene un solo objetivo: regular la convivencia a partir de normas claras y compartidas.