l 5 de marzo, en un encuentro con el gobierno de Enrique Peña Nieto, en Manzanillo, Colima, el Congreso Agrario Permanente (CAP), el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, (Conoc), el Consejo de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), que en conjunto agrupan a 38 organizaciones del campo, y la Confederación Nacional Campesina (CNC), trazaron el panorama del sector y su oposición a la modificación al marco legal por el cual se agilizaría el proceso de privatización del ejido y la comunidad, exigieron la revocación de las concesiones mineras, reclamaron una consulta y debates amplios, así como ser interlocutores en el diseño de las reformas y una nueva política para el campo, ( La Jornada 6/03/14).

Sin consulta con las organizaciones campesinas se programaron siete foros nacionales temáticos con instituciones privadas y académicas, seis foros regionales con vocación productiva, 32 foros estatales y un foro nacional y después se llevaría la reforma al Congreso. Tan solo en el mes de mayo se realizarán 20 foros estatales, tres foros nacionales temáticos y dos foros regionales.

Los primeros foros se dieron el 6, 7 y 8 de mayo en Hidalgo, estado de México y Sinaloa, respectivamente, con un formato acartonado: las ponencias se registran en la página electrónica de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y aunque hay cientos de propuestas, casi 70 por ciento de ellas son de personas directamente relacionadas con el gobierno federal. El tiempo de exposición, para quien quiera participar, es de tres minutos y con ponencia 10.

El abandono del campo representa la pérdida de soberanía del país, los neoliberales sueñan con asestar el golpe definitivo al buscar, indirectamente, liquidar la propiedad social de la tierra en el medio rural para darle cauce y legitimar la explotación de los recursos naturales, legalizando la voracidad de las empresas monopólicas agroalimentarias extranjeras.

La minería a cielo abierto viene acompañada de las represas hidroeléctricas y el despojo de tierras y territorios es la complementariedad de las leyes secundarias, como la ley de hidrocarburos enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión que crea una figura denominada servidumbre legal de los hidrocarburos ( La Jornada 11/05/014).

En México hay 34 leyes mexicanas relacionadas con el campo, 20 reglamentos y 18 acuerdos y convenios internacionales (según la Compilación jurídica de 2011 de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado) que directa e indirectamente tocan la multiplicidad de problemas del medio rural e indígena; de ahí su complejidad. Una reforma al vapor puede llegar a ser una simulación y un avasallamiento en contra del mundo campesino e indígena.

El pasado 9 de abril (en víspera del 95 recordatorio del asesinato de Emiliano Zapata) en la Secretaría de Gobernación se llevó a cabo la instalación de la Comisión Permanente de la Reforma para la Transformación del Campo, ahí, el subsecretario Luis Enrique Miranda leyó un mensaje de Miguel Ángel Osorio Chong, quien escribió hagamos política para el campo y no política del campo, convocando a que se aproveche el momento de grandes transformaciones que vive México y su impulso transformador. O sea, las reformas estructurales.

Curiosas palabras las de los principales responsables de conducir la política del gobierno de Enrique Peña Nieto por al menos por dos razones: una, al convocar a los actores políticos del sector (campo), a las organizaciones de productores más fuertes económica y políticamente, y a algunos académicos para analizar y tomar acuerdos en foros, alrededor de una agenda previamente asignada por y desde el gobierno para reformar el campo, ¿no es hacer política del campo? Y dos, ¿lo que tratan de decir es que sólo el gobierno puede hacer política del campo con su agenda y su visión propias?, porque si es así conviene hacer algunas reflexiones.

Los ejes temáticos son insuficientes en esos foros, deberán plantearse los derechos de las comunidades, ejidos y pueblos indígenas; el derecho a su tierra y su territorio; los derechos humanos y la libertad a los presos políticos indígenas; la minería, la explotación forestal y la soberanía alimentaria como temas específicos, así como establecer una mesa de coyuntura de casos urgentes y de inmediata resolución. Especial atención requiere que participen actores de la sociedad civil.