Desde su toma de posesión como presidente, hace 18 meses, Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha un ambicioso conjunto de reformas. Ha derribado un tabú constitucional a la inversión privada en energía, logrado nuevos instrumentos para desintegrar oligopolios privados, y quitado poder al sindicato de maestros, cuya lideresa está en la cárcel. Este mes se aprobó también una limitada reforma política.

Sin embargo, esta lista impresionante tiene una omisión. En las páginas iniciales de un libro en el que expuso su plataforma de campaña (México: la gran esperanza), incluso antes de detallar cualquiera de las medidas que ha adoptado desde entonces, Peña Nieto prometió, primero que ninguna otra cosa, un nuevo sistema de seguridad social universal, que sería financiado en gran parte por los ingresos fiscales, a diferencia del sistema actual, que depende de las aportaciones vía nómina. Esta nueva propuesta reduciría los incentivos para entrar o permanecer en la economía informal, escribió. Como resultado, la calidad del empleo, la productividad y el crecimiento económico irían al alza.

Sin duda. No obstante, esta reforma no sólo prácticamente ha desaparecido de la agenda del gobierno, sino que Luis Videgaray, secretario de Hacienda y zar de las reformas, parece haberle cerrado la puerta. Luego de poner en marcha una medida hacendaria limitada el año pasado, cuya mescolanza de alzas de impuestos fue muy impopular con los empresarios, Videgaray prometió que no habría más cambios fiscales hasta 2017.

Es un error. La principal razón del mediocre desempeño económico de México (el crecimiento anual ha promediado 2.3 por ciento de 1982 a la fecha) es la baja productividad. Y la explicación más plausible de ella es la prevalencia de una enorme economía informal de empresas no registradas, la mayoría pequeñas, en las que trabajan tres de cada cinco mexicanos. Santiago Levy, ex funcionario mexicano que ahora pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo, ha argumentado desde hace mucho tiempo que esa cifra es alta porque las políticas públicas estimulan de manera perversa la informalidad a través de subsidios, a la vez que gravan la formalidad.

El núcleo del problema es la forma en que las leyes de seguridad social y laborales han evolucionado en el país. Los trabajadores del sector formal contribuyen a sus pensiones, atención a la salud, cuidados infantiles y rubros semejantes mediante aportaciones vía nómina que agregan 30 por ciento o más a los costos salariales. Sin embargo, conforme la democracia ha llegado a México, los gobiernos han añadido un sistema paralelo de pensiones no contributivas, salud y cuidado infantil para trabajadores informales, pagado con los ingresos generales del gobierno.

La diferencia de calidad entre ambos sistemas se está reduciendo. Luego de aportaciones de patrones y empleados por un total de 6.5 por ciento del salario durante 24 años, un trabajador formal de salario bajo podía obtener una pensión de mil 700 pesos mensuales al llegar a los 65 años. Conforme a una ley próxima a ser aprobada por el Congreso, un trabajador informal menor de 50 años puede aspirar a una pensión de por lo menos mil 50 pesos a los 65 años, gratis. Entre tanto, las empresas se ven desalentadas a contratar trabajadores formales por las rígidas y costosas reglas relativas a la liquidación por despido.

La propuesta de Levy, que en un principio tenía el respaldo de Peña, era eliminar la mayoría de impuestos por nómina e instalar en cinco años un sistema universal de pensiones y salud (similar al británico), financiado sobre todo con los impuestos generales. Separar del empleo la cobertura de pensiones y salud facilitaría a su vez una reforma de las leyes laborales, que remplazaría las reglas sobre despido con un fondo de seguro por desempleo. Levy calcula que todo esto añadiría dos puntos porcentuales al crecimiento económico anual.

Algunos economistas ponen en duda ese argumento, pues insisten en que la informalidad es efecto más que causa del bajo crecimiento. Pero el cambio de opinión de Peña Nieto parece haber sido impulsado por una preocupación más práctica: el tamaño del incremento en el IVA y otros impuestos que sería necesario para remplazar las aportaciones vía nómina haría poco realista la propuesta, señala un alto funcionario. En lugar de eso, el gobierno ofrece pequeñas zanahorias para estimular la formalización. No es probable que surtan mucho efecto.

El problema del Presidente es que sus otras reformas no han rendido aún ningún fruto tangible. Su tasa de aprobación, de 40 por ciento, es la más baja para un ocupante del cargo desde que se comenzaron a tomar encuestas. La economía ha tenido un bajo desempeño en su periodo: el año pasado creció apenas 1.1 por ciento y, pese a un considerable gasto deficitario, el gobierno recortó este mes a 2.7 por ciento su previsión para 2014. Los secretarios de Estado insisten en que los beneficios de las reformas –sobre todo la energética– se sentirán sólo a mediano plazo; esperan que el crecimiento se eleve a 5-6 por ciento hacia finales del sexenio.

Si tienen razón, los mexicanos mejorarán su percepción de Peña Nieto y sin duda Videgaray será electo como su sucesor. Desde luego, las reformas energética y sobre competencia son pasos importantes hacia la modernización de México, pero si Levy está en lo correcto, Peña Nieto podría haber hecho a un lado la medida más importante para impulsar el desempeño económico de su país. Ese fracaso podría llegar a perseguirlo.

Economist Intelligence Unit

Traducción de textos: Jorge Anaya

En asociación con Infoestratégica