A la propuesta de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones enviada al Senado por el jefe del Ejecutivo deben modificarse por lo menos 13 artículos, para que queden precisos los criterios de privacidad en las comunicaciones, garantizar la neutralidad en la red y acotar los lineamientos para la intervención de comunicaciones en caso de orden judicial, manifestó la Asociación Mexicana de Internet (Amipci).

El organismo apremió a los legisladores a modificar el artículo 178 bis del Código Penal Federal, precisamente el que contiene la intervención de comunicaciones en caso de investigaciones judiciales.

Ante la posibilidad de que el Senado retome en breve la discusión sobre las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la Amipci envió a esa instancia sus observaciones, en las cuales destaca que es indispensable que las normas garanticen la libertad, seguridad y privacidad de los internautas.

La Amipci señaló que la iniciativa del presidente Enrique Peña debe ser modificada en los artículos 122, 145, 146, 189, del 190 al 197 y 204, porque, advirtió, es necesario garantizar la protección de los usuarios de la wb al asegurar la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones, toda vez que que la iniciativa propone que los operadores de servicios proporcionen datos de los usuarios e incluso intervengan comunicaciones con propósitos judiciales.

El organismo enfatizó que es primordial que haya claridad sobre las reglas para el manejo de datos personales, protección y debido proceso en caso de que haya una pesquisa en curso, porque se trata de derechos fundamentales.

Destacó que también es necesario modificar el artículo 178 bis del Código Penal Federal, que mandata la intervención de comunicaciones en caso de investigación judicial, ante lo que la Amipci consideró que se requieren precisión, respeto a la privacidad, reglas claras y apego a derecho.

Desde el proceso de reforma constitucional, cuando se dio a conocer la propuesta del Ejecutivo, la Amipci ha sido enfática en que el uso de Internet es un derecho de los mexicanos, al igual que el respeto a su privacidad.

En un envío previo, pero en aquella ocasión a la Cámara de Diputados, el organismo dijo que los instrumentos de regulación, procedimientos y autoridades con que cuenta el país, además de ser adecuados, permiten seguir promoviendo el desarrollo de Internet en México como herramienta habilitadora en favor de los ciudadanos a través de la democratización del conocimiento, la participación política y el desarrollo económico, entre algunos de los tangibles beneficios y respetando los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y los tratados internacionales que el país ha suscrito.