Con nueve votos a favor y cinco en contra, las comisiones unidas de justicia, salud y equidad de género del Congreso de Guerrero aprobaron ayer el dictamen que rechazó la iniciativa de decreto enviada por el gobernador Ángel Aguirre Rivero para reformar la ley 1212 de salud del estado y varios artículos del Código Penal a fin de despenalizar el aborto hasta la decimosegunda semana de gestación.

La perredista Ana Lilia Jiménez Rumbo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género y promotora del dictamen que rechazó la iniciativa, se alió con el panista Jorge Camacho Peñaloza, presidente de la comisión de justicia, y con las priístas Verónica Muñoz Parra y Julieta Fernández Márquez.

Una de las consideraciones jurídicas y científicas para rechazar la prupuesta es que la despenalización excluiría a Guerrero de la armonía que guardan las leyes penales federales y los códigos penales de las otras 30 entidades federativas, que consideran ilícito dar muerte al producto de la concepción.

Asimismo, relativizaría el valor del bien jurídico tutelado, pues en el vecino estado de Oaxaca se protege el derecho a la vida desde la concepción y en Guerrero valdría solamente si alcanza las 12 semanas con un minuto.

Exigen derogar penalización en NL

Unas 50 mujeres que se oponen a la aprobación de la ley antiaborto entregaron al Instituto Registral y Catastral de Nuevo León sendas solicitudes de registro de sus cuerpos como propiedad privada, a fin de evitar un abuso del Congreso estatal, que pretende castigar el aborto.

El documento pide que sea registrada en este instituto la propiedad de mi cuerpo como parte de mi patrimonio tangible e intangible, del cual soy titular y sobre el que tengo autoridad y soberanía inalienables de acuerdo a las leyes.

Las manifestantes rechazan la modificación del artículo primero de la Constitución estatal, aprobada en primera vuelta el mes pasado y que consagra el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, lo cual contravendría tratados internacionales y convertiría en delincuentes a quienes aborten.

A su vez, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac) entregó ayer ante la oficialía de partes del Congreso de Nuevo León una solicitud a los legisladores locales para que reformen el Código Penal y la Ley Estatal de Salud a fin de permitir el aborto en las primeras 12 semanas de gestación.