Guadalajara, Jal., 11 de junio.

Más de 2 mil 600 concesiones que el Estado mexicano ha entregado a empresas mineras –documentos que permiten explotar 35 millones de hectáreas, 17.6 del territorio nacional– generarán en breve conflictos con comunidades indígenas, aseguró hoy Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación.

Durante un foro realizado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en la biblioteca pública del estado Juan José Arreola, alertó: Hay grandes tensiones sociales en el país porque se quiere imponer proyectos que no son consultados. Los de arriba se niegan a ver a los pueblos indígenas o a los ejidos como socios; los ven como estorbos, les quieren dar la vuelta, reprimirlos.

Llamó a definir cuanto antes las reglas del juego en la Ley de Consulta Indígena cuyo borrador aún no está listo en el Congreso.

Según Martínez Veloz, el documento deberá contener la esencia de cinco herramientas jurídicas: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por México en 1991, aplicable a pueblos indígenas; la reforma de 2011 al artículo primero de la Constitución Mexicana, que eleva a rango constitucional los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

También un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina que las consultas a los pueblos indígenas deben realizarse en la lengua de cada etnia y que el método debe ser decidido por la comunidad; otra resolución de la Corte señala que la jurisprudencia de casos similares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aplicable en México; asimismo deberá incluirse la observación que la Organización de Naciones Unidas hizo en 2013 al gobierno federal para crear una ley de consulta indígena.

El comisionado expuso que, ante la ausencia de normas, mineras y autoridades recurren a la cooptación, la represión, el engaño y la exclusión.

Martínez Veloz, quien fue integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación, para alcanzar un acuerdo de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, recordó que el entonces presidente Ernesto Zedillo echó para atrás algunos acuerdos con los rebeldes sobre el derecho de los indígenas a decidir sobre su territorio, sobre con el argumento de que fragmentaban la nación.

Veinte años después se ven los intereses detrás de esas descalificaciones: quienes nos acusaron de fragmentar al país son los mismos que durante los sexenios de Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón entregaron 96 millones de hectáreas del país en concesiones mineras, sostuvo.

Refirió que en México hay 192 conflictos en comunidades indígenas, la mayoría relacionados con la minería.

Setenta por ciento de los proyectos mineros en México son de firmas canadienses. Entre 2005 y 2010, según la Auditoria Superior de la Federación, dichas compañías obtuvieron ganancias cercanas a 552 mil millones de pesos, pero sólo pagaron al Estado mexicano 1.18 por ciento de esos ingresos.