Los diputados y senadores que discuten la ley de hidrocarburos que otorga prioridad a la actividad petrolera sobre cualquier otra, violando peor que la ley minera los derechos de los pueblos indígenas en relación con la consulta libre e informada que debe realizar el gobierno, tienen que escuchar las voces de indígenas y campesinos antes de aprobarla, porque dejarlos legalmente inermes aumentará la conflictividad en diversas regiones, advirtió Raymundo García, dirigente de Serranos Unidos en Resistencia Indígena, de la Sierra Norte de Puebla.

García dio a conocer la decisión de la comunidad indígena de Zapotitlán de Méndez de negar la autorización para la operación de minas a cielo abierto, así como la construcción de hidroeléctricas, ciudades rurales y la propagación de cultivos transgénicos.

La comunidad exige la cancelación de concesiones y permisos que violan nuestros derechos colectivos a la consulta libre, previa e informada, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento y protección de la salud.

Represión y hostigamiento

Los comités de defensa del territorio de las comunidades de Zoquiapan y de Xochitlán, el Consejo Tiyat Tlali y la organización civil Tetela Hacia el Futuro denunciaron que se vive un clima de represión y hostigamiento a la lucha social contra los megaproyectos en Puebla.

Expresaron su total negativa a la construcción del proyecto hidroeléctrico San Antonio y a todos los proyectos de muerte que se pretenden imponer y denunciaron la autorización condicionada dada por la Semarnat, pese a la oposición de las comunidades totonacas y nahuas que se verían afectadas.

Demandaron al gobierno estatal una audiencia pública para que a través del diálogo político se resuelvan estos conflictos sociales y que no sea pretexto para violaciones a derechos humanos y constitucionales.

Las organizaciones manifestaron que la Semarnat autorizó de manera condicionada la manifestación de impacto ambiental del proyecto, condicionándola a que la empresa realice la consulta a los pueblos, lo que es violatorio de sus derechos.

Indicaron que la Secretaría de Gobierno de Puebla ha estado presionando a autoridades locales y representantes comunitarios a que reciban a funcionarios de la empresa GESA, a fin de que aprueben su proyecto, que incluye la designación de la misma como órgano responsable de la consulta, cuando los estándares para dichas consultas establecen que ésta es obligación del gobierno, sin intervención de las empresas.

La asamblea comunitaria de Zapotitlán de Méndez del pasado 13 de febrero señala que como pueblo indígena totonaca, dueños originarios y poseedores de un territorio indígena, tomando en cuenta el artículo cuarto constitucional, la Constitución de Puebla, fracción segunda del artículo 13 y su ley reglamentaria, que los reconoce como sujetos de derecho público, con garantías para la libre determinación y autonomía, acordó ejercer éstas y perseguir libremente nuestro derecho al desarrollo económico, social y cultural.

Asimismo, creó el Comité Revolucionario Indígena de Zapotitlán que con otros colectivos similares en el ámbito municipal forman la Junta Revolucionaria Indígena, parte del Gobierno Regional Indígena, cuya naturaleza, objeto, estructura y facultades serán definidas en el estatuto de la autonomía indígena. Estas instancias de representación son las responsables de todo proceso de diálogo y negociación con el gobierno, indica el acta.