¿Qué hace el Estado mexicano para paliar la crisis de violencia e impunidad a la que hemos llegado?, cuestionó Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, al denunciar que el Ejecutivo está muy lejos de cumplir la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

Mientras se carezca de una investigación y procuración de justicia efectiva, vamos a seguir encontrando cadáveres y fosas con personas desaparecidas, subrayó durante el Foro de educación en derechos humanos: ¿en qué estamos y hacia dónde vamos?, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AI y el Centro Jurídico para los Derechos Humanos.

En el museo Memoria y Tolerancia, consideró que está pendiente de erradicar la tortura y las desapariciones forzadas, así como las violaciones a las garantías fundamentales de migrantes y refugiados, además de los ataques a defensores de los derechos humanos y periodistas.

Es necesario mejorar en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos y eliminar la violencia obstétrica, agregó.

Quiroz cuestionó al Estado mexicano por dejar que la tortura siga siendo utilizada como método sistemático de investigación judicial, así como por presentar cifras maquilladas de desapariciones forzadas.

Lamentó que el tema se haya “sectorizado a dependencias que actúan como administradores de los compromisos –en específico la Secretaría de Gobernación–, pero no lo hemos puesto como un eje transversal de todas las instituciones”.

El director de AI México manifestó en entrevista que “primordialmente falla el Ejecutivo, y se lo hemos dicho al presidente Enrique Peña Nieto, con la visita de nuestro secretario general y en las cartas que le hemos mandado.

Uno se pregunta cuántos funcionarios públicos están realmente conscientes y ejecutando la reforma constitucional de derechos humanos y vemos que muy pocos, porque no existe un verdadero compromiso en la materia, consideró.

En su discurso, Quiroz expresó, para el caso de la tortura, que de acuerdo con una encuesta aplicada por el organismo del cual forma parte, 30 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con el uso de esta práctica en ciertas circunstancias.

Criticó que se den cifras ambiguas sobre las desapariciones forzadas, un tanto para salir al paso de las críticas. Los funcionarios se enfocan en ver el problema numérico, añadió, pero no dan indicadores de dónde están desapareciendo las personas, cuál es el patrón, los móviles.

Más tarde, en el mismo foro, Ricardo Sepúlveda, director general de política pública de derechos humanos de Gobernación, apuntó que a escala mundial la educación en derechos humanos “ha fracasado.

La Organización de Naciones Unidas señala que 90 por ciento de la población en el mundo no conoce sus derechos, lo que refleja cifras alarmantes. Agregó que en México no hay datos al respecto.