Líderes campesinos advirtieron que de consumarse el despojo de tierras de cultivo ejidales y particulares en favor del capital privado y las empresas trasnacionales para imponer la servidumbre de hidrocarburos, como se proyecta en las leyes secundarias en materia energética, se generará un movimiento colectivo de resistencia mediante comités de defensa de la tierra.

El gobierno federal está ciego y sordo frente a un país que se descarrila, pero si continúa con su estrategia de imponer, la advertencia es clara: defenderemos la tierra a sangre y fuego. La decisión de las comunidades, lejanas a un Congreso que no las ve ni las oye, está tomada. Las trasnacionales como Shell y Halliburton, y cualquier otra, deben saber que no serán campos petroleros, sino campos de batalla, afirmaron.

En entrevista por separado, Álvaro López Ríos, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, consideró un atropello del Senado la inminente aprobación de las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica, que contempla la expropiación de tierras comunales y particulares para la exploración de yacimientos, que podrán ser entregadas a las empresas que realicen estas tareas.

El gobierno está actuando de forma autoritaria en favor del gran capital y de las firmas que vendrán a intentar despojarnos de nuestra tierra. Lo previmos, pero hemos advertido que ante una reforma que atropella y despoja a los ejidatorios, comuneros y pequeños propietarios, vamos a organizar comités de defensa de la tierra.

Nuestro mensaje es claro, dijo, en este país la tierra se va a defender a sangre y fuego; a cualquier costo. Si el gobierno quiere, en harás de servir al capital, facilitar inversiones extranjeras que atropellan derechos adquiridos por los campesinos, éstos legítimamente tendrán derecho a defenderla a como dé lugar.

Recordó que en marzo pasado, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió ante diversas organizaciones del sector a que la propiedad social de la tierra no se tocaría, y estos son los resultados.

Por su parte, Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, advirtió que de consumarse la aprobación de este marco normativo, vendrá una resistencia muy grande de los pueblos, ejidos y comunidades.

Reconoció que pese a la promesa del senador prísta Emilio Gamboa de que se respetería la propiedad social de la tierra, no se está cumpliendo, porque es evidente que el gobierno ya tomó una definición, pero nosotros como organizaciones también la tenemos para defender la tierra y los recursos naturales. Las empresas no van a pasar en los predios comunales y ejidales.

En tanto, Alfonso Ramírez Cuella, dirigente de El Barzón, señaló que la intención del PRI y del PAN es aplicar un despojo absoluto contra los campesinos, que afectará grandes extensiones de tierra, y además se destruye toda la procuración de justicia en materia agraria y ambiental.