medida que se aproxima la fecha límite para que el Instituto Nacional Electoral (INE) se pronuncie sobre el registro de nuevos partidos políticos surgen versiones encontradas sobre la respuesta que ese organismo dará a la solicitud del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para incorporarse formalmente al sistema de partidos del país.

Ayer la consejera Pamela San Martín, del INE, negó que exista alguna línea política para negar el registro como partido al Morena y dijo que Lo que determinará si se le da o no la inscripción es el cumplimiento de los requisitos. No obstante, en el seno de la organización encabezada por Andrés Manuel López Obrador se ha insistido que el INE busca pretextos para rechazar la solicitud de dicha corriente, pese a que ésta ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley. Lo cierto es que este choque de posturas converge en el panorama con obstáculos y golpes bajos al proceso de conversión de Morena en partido político, como ocurrió el del pasado viernes en Motul, Yucatán, donde el alcalde Julián Pech Aguilar ordenó el decomiso del transporte y el equipo de sonido empleado en un mitin de Andrés Manuel López Obrador.

En un entorno de plena legalidad, normalidad y solidez institucional, el registro de un partido político tendría que ser un proceso ajustado en reglas claras, definidas y aplicadas de manera imparcial y transparente por las autoridades competentes. En el México contemporáneo, por desgracia, la aplicación de la ley, y de las normas electorales en particular, suele estar a merced de intereses políticos muchas veces inconfesables, y está sometida a un margen de discrecionalidad y opacidad que provoca que las determinaciones de las autoridades se vuelvan, con frecuencia, objeto de escepticismo y sospecha. Así ocurrió, por ejemplo, con los procesos de validación y calificación de la elección presidencial realizada el año antepasado, en el que la institucionalidad electoral decidió soslayar numerosas irregularidades cometidas por el candidato ganador.

Con esos precedentes, no parece inverosímil la afirmación de los dirigentes de Morena de que hay consigna para impedir que esa organización pueda presentarse en la competencia electoral por cargos de representación popular.

Esa óptica sería indeseable en cualquier momento, pero en el actual, por añadidura, empata además con un grave desdibujamiento de la izquierda partidista derivado de sus sempiternas pugnas intestinas y de su participación en el Pacto por México, que la colocó como aliada del gobierno en el aval de reformas como la fiscal y la educativa.

Esas circunstancias han colocado a las fuerzas políticas progresistas con representación en el Congreso en una posición de debilidad, e incluso de nulidad, frente al debate actual sobre la reforma energética; frente a la acuciosa necesidad de emprender un viraje en el modelo económico recesivo que se mantiene vigente en el país, y frente a la perspectiva, no menos urgente, de emprender la renovación moral de las instituciones. Semejante desgaste hace pertinente y necesario el surgimiento y reconocimiento formal de una organización como Morena, que apuesta por el despeje de las ambigüedades en torno a cuestiones como las referidas.

La existencia de fuerzas políticas con registro que cubran el déficit de representatividad del actual sistema político debiera ser vista como una prioridad por el recientemente creado órgano electoral. Obstaculizar su surgimiento por razones meramente políticas, en cambio, colocaría al INE como heredero del descrédito y el extravío de su antecesor.