a reciente reforma al libro sexto del Cofipe, que trata sobre el voto de los mexicanos residentes en el exterior (VMRE), señala, con todas sus letras, dos plazos, que a la larga serán el principal obstáculo para llevar a cabo de manera inclusiva y eficiente la organización y ejecución del proceso electoral.

El primer plazo perentorio se refiere al registro para votar desde el exterior que corre entre el 1º de septiembre y el 15 de diciembre del año previo a la elección de que se trate. Es decir, hay un plazo de tres meses y medio para inscribirse en el padrón de electores residentes en el extranjero. El segundo plazo fatal es el que se refiere a la credencialización en el extranjero, para lo cual se abrirá un plazo de 90 días para que el INE establezca en embajadas y consulados del mundo entero los mecanismos electrónicos necesarios para el trámite de credencialización.

En cuanto al registro el problema no reside en el plazo de tres meses y medio, sino en el periodo. Los electores tendrán que inscribirse con medio año de anticipación a la celebración de las elecciones, lo que sin duda va en contra de los usos y costumbres de los mexicanos que suelen calentar motores con cierta precipitación y poca anticipación.

Por otra parte, lo más candente de la contienda electoral empieza después, con la primavera, las pasiones desatadas y los debates encontrados y televisados. Ciertamente a los electores en el extranjero habrá que darles la medalla al mérito ciudadano por su conciencia política y su responsabilidad cívica para registrarse con tanta anticipación.

No hay razones técnicas para poner un plazo tan anticipado, la mayoría de las inscripciones se harán por medios electrónicos, más aún cuando ya se ha aprobado el voto en ésta y otras modalidades. Los legisladores puede que hayan pensado o ponderado la necesidad de plazos tan anticipados por el viejo sistema de voto postal certificado que se negaron a dejarlo morir y que ciertamente morirá por falta de uso en las próximas elecciones.

En cuanto al plazo para la credencialización la situación es mucho más complicada y al parecer los legisladores no sacaron una calculadora y se informaron mínimamente sobre el número de mexicanos residentes en el exterior y de aquellos que tienen credencial.

Una investigación académica encargada por el viejo IFE, que llevó a cabo el CIDE, determinó con base en una muestra representativa en las cinco ciudades con mayor concentración de mexicanos que, en julio de 2010 había cerca de 3.5 millones de credenciales en posesión de mexicanos residentes en Estados Unidos. No obstante, la mitad (50.5 por ciento) estaban vencidas y eran de las llamadas 03. Para 2016, habrán vencido las credenciales con terminación 06 y 09, lo que significa que el número de credenciales vigentes será mucho menor. Si en 2010 había 1.7 millones de credenciales vigentes, podríamos suponer que en 2018 habrá mucho menos. Podríamos estimar la cifra en un millón y dado que hay aproximadamente 10 millones de mexicanos en edad de votar en Estados Unidos, el gobierno tiene la obligación de prever la credencialización de unos 9 millones de mexicanos en 50 consulados.

Claro está que siempre cabe la triquiñuela de hacer válidas las viejas credenciales, como se hizo en las elecciones de 2012, en las que se permitió votar en el exterior con la credencial 03, algo que no estaba permitido en el territorio nacional.

Como quiera, credencializar a 9 millones mexicanos en 90 días, significa que habría que proveer del servicio a 180 mil personas en cada uno de los 50 consulados, durante el plazo señalado. Una simple operación aritmética nos indica que habría que credencializar a 2000 por día.

En fin, los consulados tendrán que estar cerrados prácticamente a cualquier otro tipo de actividad para recibir a la avalancha hipotética de migrantes que estarán formados, de manera paciente y ordenada en un día laborable, para sacar su credencial y poder votar. El consulado de Chicago que es uno de los más modernos, eficientes y organizados puede atender, como máximo, a unas 400 personas por día.

Es decir, la credencialización será un completo fracaso si se supone que legalmente todos los mexicanos residentes en el exterior tienen derecho a sacar su credencial. No obstante, los legisladores cumplieron con una de las demandas más sentidas de la comunidad mexicana radicada en el exterior.

Los plazos perentorios son fatales, pero forman parte fundamental del sistema de control y seguridad de nuestro aparato legal electoral. A esto habrá que sumar los candados adicionales que los representantes de los partidos en el consejo de vigilancia del INE tendrán a bien imaginar e implementar. Ya lo han hecho en anteriores ocasiones.

El año pasado el IFE contrató a un selecto grupo de especialistas para analizar, evaluar y proponer soluciones adecuadas al VMRE. Este comité propuso eliminar el voto postal certificado por obsoleto e implementar el voto electrónico, como modalidad única. Ahora tenemos tres (postal, presencial y electrónico) lo que complica el proceso e incrementa los costos.

También propuso la credencial para votar virtual o electrónica. Una credencial que sólo sirva para votar en el extranjero y que todo el procedimiento se realice de manera electrónica. De este modo varios de millones de ciudadanos podrían tramitar y renovar sus credenciales por medio de un sistema sencillo, barato e inclusivo.

Todavía tenemos un poco de tiempo para parchar la nueva edición del libro sexto que trata sobre el voto de los mexicanos en el exterior.