En menos de una hora –sin la presencia de los senadores del PRD– la mayoría de PRI, PAN y PVEM concluyó la discusión en lo general y lo particular del segundo dictamen de legislación reglamentaria de la reforma energética, con la aprobación de tres leyes que permitirán no sólo avanzar en el desmembramiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras, sino en la privatización del agua, para beneficiar a las empresas de geotermia.

A las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, que presiden el priísta David Penchyna y el panista Raúl Gracia, les bastaron 55 minutos para avalar las leyes de la industria eléctrica, de energía geotérmica, las dos de nueva creación y modificar la de Aguas Nacionales, que no se votaron, ya que eso quedó pendiente para el final, cuando se concluya el análisis de los cuatro dictámenes de la legislación reglamentaria en materia energética.

Es una vergüenza que el Senado avalara que a ejidatarios y comuneros se les obligue a entregar sus tierras a empresas extranjeras, con la amenaza de que de lo contrario se las expropiarán con gran celeridad, y encima que se abra la posibilidad de que les puedan pagar en especie o contratándolos. De propietarios pasarán a ser peones encasillados de las trasnacionales eléctricas y petroleras, declaró el legislador perredista Alejandro Encinas.

Destacó que es también muy grave que en la ley de energía geotérmica se haya declarado esta actividad como de utilidad pública, toda vez tendrán preferencia para la explotación del agua, que también se les va a concesionar.

Eso puede llevar, advirtió en entrevista, en que el agua que se destina a cultivos deberá canalizarse a proyectos de generación de electricidad.

El artículo 4 de dicha norma señala que las actividades de energía geotérmica son de utilidad pública, preferente sobre cualquier uso o aprovechamiento del subsuelo de los terrenos, y procederá la ocupación o afectación superficial, ya sea total, parcial, la simple limitación de los derechos de dominio o la expropiación, previa declaración de utilidad pública. Nada de ello se discutió en la reunión de comisiones dictaminadoras.

Al igual que un día antes, cuando se votó la ley de hidrocarburos, el panista Salvador Vega Casillas se reservó todo el articulado de las tres legislaciones ayer analizadas, ya que de lo contrario no podrían formular ningún cambio durante la discusión ante el pleno.

No hubo debate, sólo presentación de posturas de los grupos parlamentarios, en la que destacaron que no se privatizará la CFE y que la intención es modernizar el sector y ampliar las redes de transmisión. La senadora Ninfa Salinas, del PVEM, sostuvo que la intención es bajar los costos de la energía eléctrica.

En nombre del PRI, Héctor Yunes Landa expuso que se requiere la inversión privada, ya que con el esquema actual “la energía que utilizan millones de familias será impagable y se llegará a un escenario de tarifas más altas y presupuestos federales que no alcanzarán para subsidiar los recibos.

En tanto, el panista José Luis Lavalle planteó que se requieren más modificaciones, a fin de incrementar el mercado para los generadores privados de energía eléctrica –que son sólo para los de alto consumo–, ante lo que expuso la necesidad de que la Secretaría de Hacienda revise los subsidios cruzados que ahora se otorgan al consumo de electricidad.

De las afectaciones y expropiaciones de tierra nada dijeron, aunque en conferencia de prensa Vega Casillas dijo que harán cambios en ese rubro cuando la discusión se dé en el pleno, y el priísta Ascensión Orihuela comentó que su partido no dejará sin protección a los campesinos.

Los perredistas dieron a conocer un análisis de las leyes ayer discutidas, por el que concluyen que no se garantiza un suministro energético suficiente ni la disminución de los precios de la electricidad, como el gobierno ha sostenido en sus campañas publicitarias sobre la reforma energética.

Destacan que aunque la propaganda oficial sostiene que la CFE se fortalece, la realidad es que se avanza a su debilitamiento, toda vez que se deja solos a los usuarios domésticos, y por medio del cuarto transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica se ahonda en el desmembramiento, al ordenar que se separará horizontalmente, con los criterios que determine la Secretaría de Energía.

En el artículo 115 se enuncia la obligación de dicha dependencia de informar a los interesados en los proyectos de infraestructura eléctrica sobre la presencia de grupos vulnerables en el área donde llevarán a cabo sus negocios, con el fin de poner en práctica acciones necesarias para salvaguardar sus derechos.

Sin embargo, en el artículo 117 se permite que las empresas puedan presentar sus propios proyectos de evaluación del impacto social que tendrían sus actividades, “lo que sólo va a crear estudios a modo” de las contratistas.