n juez de la ciudad de Los Angeles, California, emitió un veredicto en materia de educación que amenaza abrir un gran boquete a los sindicatos de maestros en toda la Unión Americana. La decisión establece la inconstitucionalidad de la norma mediante la cual un maestro garantiza su planta de por vida por el hecho de haber enseñado dos años seguidos en el mismo plantel.
La demanda que suscitó la decisión provino de un grupo de alumnos de origen hispano, quienes argumentan que los maestros son el factor más importante en su educación, y las escuelas a las que asisten minorías de escasos recursos son atendidas por docentes incompetentes que no pueden ser remplazados debido a la norma en cuestión. El resultado, argumentan los demandantes, es una competencia desigual con egresados de escuelas a las que asisten estudiantes de mayores recursos. El sindicato de maestros se amparó, argumentando que las desigualdades en la educación no se superarán sólo cambiando las leyes que violan sus derechos. El asunto tiene una visibilidad nacional, debido a que el distrito escolar de Los Angeles es con mucho el más grande del país y abre la puerta para que en otros estados se inicien procesos similares.
Este suceso tiene además una connotación que no es exclusiva del sistema educativo. En general, los sindicatos han estado bajo el fuego de quienes los consideran un estorbo para el desarrollo de la sociedad y la economía. No es un secreto que quienes están detrás de estos argumentos son los sectores más conservadores, entre ellos los dirigentes de innumerables corporaciones. Para éstos, la defensa de los derechos laborales es una barrera que les impide la arbitraria imposición de normas que violan garantías tales como la lucha por aumentos salariales y la contratación colectiva. En EU, los litigios contra los sindicatos han ido en aumento y han sido determinantes para erosionar su fuerza y propiciar la reducción en el número de afiliados y la aparición de asociaciones sindicales independientes afines a los intereses de los dueños de las empresas. Asunto que no es muy diferente en otros países, entre ellos el nuestro.
A diferencia de otros litigios, en este caso no son los patrones ni las autoridades los demandantes, sino alumnos que defienden su derecho a mejor educación y, por añadidura, pertenecen a minorías raciales cuya condición económica es la pobreza. Desafortunadamente, la demanda también abre la puerta para que quienes se oponen a la educación pública inicien una campaña en otros estados, cuya última consecuencia pudiera ser la erosión del sistema público de educación en favor de la educación privada. Cabe recordar que en esta última, además de que se obstaculiza la contratación colectiva,predomina la enseñanza religiosa que, entre otras cosas niega la evolución, promueve un individualismo rampante y está anclada en un sistema educativo más propio de la sociedad medieval.
