Los grandes negocios que están detrás de la reforma energética, aunado a la instrucción presidencial de que la legislación secundaria debe estar aprobada ‘‘a más tardar el 15 de julio’’, ha impuesto ‘‘una dinámica de abuso y atropello a las más elementales normas que rigen el procedimiento legislativo, advirtió el senador Javier Corral Jurado, del PAN.

‘‘Hay la decisión de ir contra todo argumento, violentando toda norma y práctica parlamentaria para avanzar en el procesamiento de la reforma más importante de las últimas décadas’’, dijo el legislador chihuahuense.

Expuso que por ello, y ‘‘sin importar presiones partidistas o gubernamentales’’, mantendrá la opinión que sustentó como presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de que el formato que acordaron PRI, PAN y PVEM para dictaminar en comisiones las leyes secundarias de la reforma energética es violatorio de la ley orgánica del Congreso y del reglamento interior del Senado.

El panista Raúl Gracia, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, puso en duda que las firmas que acompañaron al documento con la opinión sobre el procedimiento fueran auténticas, que se hubiera llevado a cabo una reunión formal e incluso acusó a Corral de tener conflicto de interés.

Corral recordó que la bancada del PRD le solicitó la semana pasada que el organismo a su cargo emitiera una opinión en torno a la legalidad de ese procedimiento, por lo que convocó a reunión de los tres integrantes de esa comisión quienes, por mayoría, definieron que ‘‘no sólo es incorrecto normativamente, sino que es absolutamente contrario a la práctica parlamentaria seguida hasta ahora’’.

Explicó que hubo convocatoria y él personalmente notificó de ello a la senadora Ivonne Álvarez, del PRI, quién registró su asistencia, presentó una propuesta de resolución, pero no firmó el documento final. Él y el perredista Isidro Pedraza sí la signaron, por lo que ‘‘tiene pleno sustento legal’’.

Explicó que la naturaleza y la complejidad de las 17 leyes secundarias energéticas que corresponde al Senado dictaminar ameritan un debate a fondo, pero los presidentes de las comisiones dictaminadoras, Gracia y el priísta David Penchyna, acordaron el pasado día 29 de abril un formato que restringe y limita la posibilidad de discusión.

Lo avalado incluye postergar la votación de los dictámenes, porque éstos se discuten en lo particular sin antes haberse aprobado en lo general. En lugar de votar una por una las reservas, con un tiempo máximo de 10 minutos para cada una, como establece el reglamento, el acuerdo es que cada legislador debe presentar todas las reservas ‘‘en bloque’’ y para ello dispondrá de 15 minutos.

Lamentó finalmente que haya ‘‘tanta soberbia y un profundo desdén por las posturas críticas y que, ante la falta de argumentos y conocimientos sobre lo que se va a aprobar, se prefiera ahogar la discusión’’.