l grupo gobernante hizo algo peor que entregar a las corporaciones energéticas trasnacionales el subsuelo del país: les está entregando el suelo. Si entran en vigor las leyes aprobadas la semana pasada a contrapelo de la legalidad parlamentaria, los consorcios de la electricidad y del petróleo tendrán derecho de apropiarse de cualquier superficie del territorio nacional que les resulte apetecible mediante un procedimiento simple: harán una oferta de compra, renta o comodato a los propietarios y si éstos se rehúsan o si la negociación no fructifica en un plazo breve el gobierno expropiará a favor de los demandantes. Todo ello, en nombre de un interés social y orden público
que es, en realidad, interés emrpesarial y orden privado.
La voracidad de las trasnacionales energéticas tendrá prioridad sobre cualquier otra consideración y nadie ni nada estará a salvo de ella. Ni grandes, medianos o pequeños propietarios ni comunidades ni ejidos ni industrias. En su precipitado entreguismo los senadores priístas y panistas no establecieron ni siquiera una reserva en la redacción de las leyes para impedir la afectación de sitios y yacimientos arqueológicos y no repararon en que si su engendro llegara a entrar en vigor más valdría rezar porque nadie descubra un yacimiento de hidrocarburos bajo la Pirámide del Sol o que el tendido de líneas eléctricas no haga necesaria la demolición de Palacio Nacional. Y de reservas ecológicas mejor ni hablamos.
Peña Nieto dice que no es fácil entender la dimensión
de sus reformas. Por si quedaban dudas los dictámenes de leyes secundarias elaborados por el régimen se encargan de disiparlas: el propósito de este ciclo de alteraciones legales es acabar con las industrias energéticas propiedad de la nación, convertir a Pemex y a la CFE en ventanillas de adquisiciones, reducir a la población a un mercado de consumidores de energía y transformar al país en un campo de operaciones para las empresas eléctricas y petroleras de Estados Unidos y Europa, es decir, entregar el territorio nacional para que los zopilotes de la energía se lo coman a picotazos. Falta que algún propagandista de la Presidencia nos comunique que esto era justamente lo que pretendía el general Lázaro Cárdenas.
Lo que no es fácil calcular es el impacto social y política que tendrá esta canallada si no es detenida a tiempo, pero uno puede imaginarse en primera instancia un reordenamiento territorial forzado y a gran escala que pasaría por la expulsión de pueblos, comunidades y pequeños propietarios en el agro, así como del despojo arbitrario de predios en zonas urbanas y semiurbanas para edificar y ampliar instalaciones eléctricas. En lo económico ello se traduciría en un nuevo golpe al sector agrario, tan grave como el que recibió con la firma del TLCAN, o más. En lo social y lo político las disposiciones peñistas provocarían una nueva oleada de migración a las ciudades y, cabe suponer, un estado de explosividad permanente en vastas regiones del país y una desintegración sin precedentes del tejido social.
Las reformas peñistas en materia de electricidad e hidrocarburos son, pues, una siembra de desastres. Está por verse si el país se esperará a ver los frutos de la cosecha o si será capaz de visualizar la dimensión de lo que se le viene encima y logra reaccionar antes.
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